La Audiencia Nacional declara prescrito el presunto delito de Tudela Veguín contra Hacienda

El caso, según Ripa, es que esos pagos en especie a Tudela Veguín se habrían realizado en los años 2009 y 2010, pero un recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado para que el asunto no se separara de la pieza general sobre los sobrecostes de El Musel hablaba solo del primero de esos ejercicios, por lo que el magistrado, que decidió el asunto ahora, lo dio por prescrito. «En nuestro recurso también decíamos que la prescripción no tenía sentido, porque eran de 2009 y 2010. Pero la resolución judicial indica que el suplicatorio del Abogado del Estado incluía solo 2009 y ya no se podía investigar. Se valoró así y lo respetamos, pero hay que preguntar a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria por qué no lo investigaron», indicó.

Daniel Ripa quiso dejar claro que «lo que ha resuelto ahora la Audiencia Nacional no es que no exista delito, sino que, debido a la dilación del procedimiento judicial, ese delito ya no se puede investigar, a pesar de que habría indicios consistentes y que se podría haber producido un presunto fraude contra la hacienda pública de varios millones de euros».

El caso es que esta investigación se inició ya muy tarde, pues no salió a la luz hasta junio de 2015, cuando el gerente de la UTE Dique Torres, Juan Miguel Pérez (que consta como investigado en el procedimiento), declaró en la Audiencia Nacional que se habían realizado esos pagos en especie a Tudela Veguín por unos 80 millones de euros que no habían sido facturados ni declarados a Hacienda. Por ello, fue el propio abogado del Estado Ignacio Herranz quien solicitó la imputación de la Corporación Masaveu por un delito contra la hacienda pública, en julio de ese mismo año.

Podemos Asturias está personado en este procedimiento a través del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (Ocan). En principio, se prevé que el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional continúe la instrucción hasta, al menos, finales de año. Una de las próximas actuaciones que se realizarán será una nueva declaración del presidente de EdP (Hidrocantábrico), Manuel Menéndez, si bien su testifical aún no ha sido señalada.

Esta nueva comparecencia de Menéndez había sido solicitada por Viliulfo Díaz, abogado del exdirector del puerto José Luis Díaz Rato. Y la pidió en virtud de que era el máximo responsable de Hidrocantábrico cuando la construcción de una planta de desulfuración impidió al extracción de áridos de la cantera de Aboño durante varios meses. De momento no se sabe aún si la jueza admitirá que testifiquen los exconsejero del Principado Francisco González Buendía y Belén Fernández, así como la exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, también solicitados por Viliulfo Díaz.