La avalancha de reclamaciones por la plusvalía obliga a incluir su devolución en el plan financiero

El edil Pablo González y la diputada Susana López Ares. / AURELIO FLOREZ
El edil Pablo González y la diputada Susana López Ares. / AURELIO FLOREZ

El PP avanza que se modificará la Ley de Haciendas Locales para eximir del pago de este impuesto cuando no haya incremento de valor

M. MORO GIJÓN.

El plan económico-financiero al que obliga el incumplimiento de la regla de gasto por parte del Ayuntamiento deberá incluir el cálculo del dinero que habrá que devolver por «el cobro indebido» de la plusvalía en aquellos casos en que no haya habido incremento del valor del suelo de la propiedad. Una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de mayo, que declaró inconstitucional el cobro de este gravamen en los casos en que no haya existido incremento patrimonial, ha provocado una avalancha de reclamaciones en toda España, incluyendo claro está Asturias y Gijón.

El concejal Pablo González, acompañado de la diputada nacional y portavoz adjunta del PP en el Congreso Susana López Ares, explicó que el gobierno local tendrá que tener en cuenta forzosamente este parámetro, a la hora de elaborar su plan de ajustes a dos años, porque hay una modificación normativa en ciernes promovida por el grupo parlamentario del partido que gobierna en España. Se trata del cambio de la Ley de Haciendas Locales en lo relativo a este impuesto para que no exista la obligación de pagarlo cuando se acredite que no hubo incremente patrimonial.

«Hemos registrado esta proposición para modificar la ley y que esta modificación tenga, además carácter retroactivo», señaló López Ares. Una vez que entre en vigor, el sujeto pasivo -el vendedor del inmueble- únicamente deberá demostrar que no ha habido aumento en el valor del inmueble e inmediatamente quedará exento de este gravamen. Dado el carácter de la modificación, se devolverá el dinero a todos los que lo hayan pagado desde el pasado 15 de junio de 2017.

La parlamentaria nacional del PP indicó que la proposición de ley, que ha sido consensuada con al Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), establece unos coeficientes máximos para su aplicación en el caso de que el contribuyente deba hacer frente al pago de este impuesto «pero dando capacidad a los ayuntamientos para establecer coeficientes más bajos».

15 millones de ingresos al año

Tanto González como López Areces recordaron que, en el caso de Gijón, el Ayuntamiento decidió seguir cobrando este impuesto pese a la sentencia del Tribunal Constitucional. La portavoz adjunta del PP en el Congreso destacó que Gijón es la ciudad española que más recauda por este impuesto (15 millones de un presupuesto consolidado de 330 millones) y expresó su confianza en que el resto de las fuerzas políticas con representación en el Congreso y en el Senado apoyan el cambio normativo.

Por su parte, Pablo González anunció ayer el registro de una pregunta a la concejalía de Hacienda para conocer cuánto dinero deberá devolver el Ayuntamiento a los ciudadanos que hayan pagado este impuesto sin incremento patrimonial desde el pasado 15 d e junio.

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