Los antidesahucios alertan de desalojos en Gijón por los retrasos en las ayudas al alquiler

La plataforma antidesahucios y los portavoces de Xixón Sí Puede e IU, con varias personas en riesgo de desalojo de sus alquileres. / ARNALDO GARCÍA

Critican que las solicitudes para acceder a viviendas de emergencia se deriven a una lista de espera, pese a que deben tramitarse en un máximo de tres meses

IVÁN VILLAR GIJÓN.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) criticó ayer las trabas de las administraciones regional y municipal a la concesión de viviendas de emergencia, incumpliendo, según aseguran, lo establecido en el decreto que regula su entrega. Advirtió además del creciente número de desahucios de personas que viven de alquiler e incurren en impagos por el retraso en el cobro de las ayudas municipales para el pago de estas rentas. La plataforma, que compareció en el Ayuntamiento de Gijón junto a los portavoces de Xixón Sí Puede e IU y algunas familias pendientes de la concesión de estas viviendas ante la inminencia de su desahucio, ha pedido la dimisión de la gerente de la Empresa Municipal de Vivienda, Elena Sevilla, de la concejala Eva Illán y del director general de Vivienda del Principado, Fermín Bravo.

El portavoz de la PAH, Miguel Ángel García, explicó que, de acuerdo al decreto regional de 2013, los ayuntamientos están obligados a remitir al Principado las solicitudes de viviendas de emergencia social que reciban en un plazo máximo de dos meses desde su presentación. La administración regional dispondría después de un mes para resolver el expediente. Si transcurridos los tres meses no existiera respuesta, quedaría desestimada por silencio administrativo.

Según la plataforma, no obstante, el Ayuntamiento de Gijón está derivando a los solicitantes a una lista de espera, «impidiendo que los expedientes sigan la tramitación establecida». García añadió que que desde agosto de 2017 hasta este mes a través de esa lista solo se han tramitado tres viviendas de emergencia. «La gente se está quedando atascada en ella, cuando lo que debería hacer el Ayuntamiento es enviar inmediatamente toda la documentación al Principado para que resuelva», señaló.

«Con 703 euros al mes, debo elegir entre pagar el alquiler o dar de comer a mis dos hijos»

Añadió que la administración regional ha remitido recientemente a los consistorios una guía en la que les indica «que no deben tramitar los expedientes con informes negativos». Es decir, que aquellos que los técnicos municipales consideren que no son merecedores de la vivienda de emergencia, no sean elevados al Principado. «El decreto dice que deben tramitarse todos. Y no es la primera vez que un caso que el ayuntamiento ve desfavorable luego tiene un informe favorable de los técnicos regionales», advirtió.

En lo que respecta a las ayudas municipales al alquiler, el portavoz de la plataforma señaló que «lo que antes se resolvía en veinte días, ahora tarda cuatro o seis meses y además no se dan con carácter retroactivo. Eso hace que muchas familias generen deudas de varios meses por impagos y acaben en la calle. Y luego, cuando intentan acceder a viviendas de emergencia como último recurso, se encuentran con que las solicitudes no se están tramitando».

Deuda de 4.000 euros

Saúl Jiménez y su mujer Jennifer, con dos hijos de 6 y 9 años y otro en camino, explicaron que pasado mañana van a ser desahuciados de su piso de alquiler, tras acumular una deuda de más de 4.000 euros. «Hemos llegado a esta situación porque cobro 703 euros del salario social y tengo un alquiler de 450 euros al mes». A ello se suma el pago de 65 euros mensuales al Ayuntamiento, tras haber logrado un fraccionamiento de sus deudas con la administración por diferentes multas. «Me he visto en la obligación de pagar el alquiler o dar de comer a mis hijos. Y opté por lo segundo». Señala que tras solicitar el acceso a una vivienda de emergencia para no quedarse en la calle «lo único que hacen es meterme en una lista de espera y desespera».

También contó su caso Carla Trevilla, víctima de violencia de género con dos hijos menores de edad. Tras no haber solicitado en plazo la prórroga de la ayuda al alquiler que estaba recibiendo, ha dejado de cobrarla y no tendrá respuesta hasta su nueva solicitud «hasta abril». El portavoz municipal de Xixón Sí Puede, Mario Suárez, consideró que «ante situaciones excepcionales, el Ayuntamiento debría tomar medidas excepcionales. No puede ser que Carla se quede en la calle por esto».

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