El Ayuntamiento de Gijón tiene diez años para aplicar la ordenanza y eliminar las barreras

Francisco José Huerta ante la Escalerona, a la que no puede acceder. / PALOMA UCHA
Francisco José Huerta ante la Escalerona, a la que no puede acceder. / PALOMA UCHA

IVÁN VILLAR / CHELO TUYA GIJÓN.

Desde el pasado 4 de diciembre Gijón es una ciudad fuera de la ley. Como la mayoría de municipios del país, ha visto cómo expiraba el plazo para cumplir el Real Decreto Ley 1/2013 de 29 de noviembre. Conocida como la ley antibarreras, el decreto marcaba cinco años de plazo para acabar con los obstáculos que las personas con discapacidad, física, sensorial y mental encuentran en su vida diaria. El lustro pasó y, sin embargo, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) certifica que la plena accesibilidad «no existe». En todo el país, hay un 70% de edificios con barreras.

Como ayer adelantó EL COMERCIO, en la ciudad todavía son visibles bordillos imposibles para usuarios de silla de ruedas, pavimentos confusos para personas con discapacidad visual y servicios mudos para quien carece de audición. Con el objetivo de revertir esta situación, la Fundación Municipal de Servicios Sociales ha ultimado su borrador de ordenanza de accesibilidad. Sellado justo un día después de que caducara la ley, el pasado 5 de diciembre, ahora el documento debe ser estudiado por los grupos municipales, debatido y ser votado en sesión plenaria. Si todo va bien, en 2028 la ciudad deberá ser plenamente accesible. Si la votación se retrasa, también lo hará el objetivo final, pues la ordenanza marca un plazo de diez años más para ejecutarla.

Inspecciones y presupuesto

Diez años a los que hay que sumar los tres meses de plazo que, para entrar en vigor, fija el Consistorio. Será un trimestre desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), con lo que recorrer la ciudad en silla de ruedas o apoyado en un bastón o con un implante coclear sin encontrar obstáculos no será posible hasta antes de 2030.

A parte de fijar el objetivo a largo plazo, la ordenanza no prevé sanciones «mientras no se proceda al desarrollo por el legislador autonómico del régimen sancionador general en materia de accesibilidad universal». Es decir, hasta que el Principado no elabore su propio decreto de accesibilidad, incumplir una ley que debería ser obligatoria desde el pasado 4 de diciembre no acarreará costes. No obstante, sí marca el Consistorio la puesta en marcha de un servicio de inspección, así como la aplicación de sanciones incluidas en áreas de su competencia, como la disciplina urbanística, o en otras ordenanzas municipales ya en vigor.

Además de ampliar diez años para cumplir una ley que lleva ya cinco de retraso en su aplicación y de carecer de régimen sancionador, la propuesta elaborada por el equipo de gobierno tampoco plantea concreción presupuestaria. Solo indica que determinará «anualmente un porcentaje económico en sus partidas presupuestarias de inversión directa en vías y espacios públicos».

Un compromiso que, no obstante, congela. Deja claro que «las prescripciones técnicas serán de aplicación en los espacios públicos urbanizados, transportes y comunicaciones ya existentes cuando sean susceptibles de ajustes razonables y que no impongan una carga desproporcionada o indebida».

Estudio en dieciocho meses

A lo que sí se compromete es a que, en dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de la ordenanza, cada área municipal tenga elaborado, con su propio presupuesto, un estudio detallado de sus instalaciones y servicios, para detectar los problemas y solucionarlos.

Entre las mejoras que plantea, aparece el itinerario peatonal completamente accesible. Es decir, encontrar aceras libres de obstáculos, bordillos de menos de quince centímetros, pavimentos para personas con problemas visuales y señalización lumínica para quien los tiene auditivos. Los peatones tendrán aún más prioridad, con isletas no inferiores a un metro y medio de ancho y áreas de espera a poder cruzar sin altura y ni pendientes. Los aseos públicos, con capacidad de acceso para todos. El compromiso que marca, también, es la formación en lengua de signos para atender a personas con problemas auditivos, a contar con elementos que habiliten el funcionamiento del implante coclear y a garantizar el acceso a la información a todos. Acceso garantizado, también, a los transportes. Con autobuses que no solo tengan rampa para silla de ruedas, sino que cuenten con señal lumínica para los sordos y mensajes en Braille para los ciegos. Todo, en diez años.

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