El Ayuntamiento de Gijón estudia instalar videocámaras para registrar futuras nubes de contaminación

Las grabaciones tendrían carácter probatorio en aquellos casos en los que la unidad ambiental de la Policía Local no pudiera llegar a tiempo al lugar

IVÁN VILLAR GIJÓN.

Más ojos sobre las chimeneas. El Ayuntamiento de Gijón estudia la posibilidad de instalar videocámaras orientadas a los principales núcleos industriales del concejo, como medida para garantizar que cualquier posible nube de contaminación quede registrada. Servirían de complemento a las que también prevé instalar el Principado y darían respuesta a una demanda de vecinos y grupos ecologistas, que de hecho han registrado ya a través del consejo sectorial de Medio Ambiente una petición en este sentido, en el marco de los presupuestos participativos de 2018.

Las grabaciones realizadas con estos equipos tendrían carácter probatorio, por ejemplo cuando tras una denuncia ciudadana los agentes de la unidad de vigilancia ambiental de la Policía Local no lleguen a tiempo al lugar donde se ha visto la nube. En muchas ocasiones se disipan antes de que el personal municipal pueda desplazarse para dar fe de lo ocurrido. En este sentido, lo que se pretende es que las imágenes de las videocámaras sirvan para levantar igualmente la correspondiente acta y, si la autorización con la que trabaja la empresa de la que parte la nube excede las competencias del Ayuntamiento, informar a la administración autonómica para que tome medidas.

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Según explica la directora del área municipal de Sostenibilidad y Cambio Climático, Clara González-Pedraz, está previsto que el Principado, en el marco del plan de calidad del aire, instale tres videocámaras en los lugares más sensibles de Gijón. La intención del Consistorio es poner entre tres y seis más. Aunque el consejo sectorial de Medio Ambiente quiere que haya media docena de puntos de vigilancia en la ciudad, aún debe definirse si ese será el número total -es decir, tres del Principado y tres de gestión municipal- o las que instalará el consistorio como complemento a las de la consejería -sumando por tanto un total de nueve-. «Hablamos de cámaras que pueden costar 12.000 euros cada una. Si va a haber tres del Principado, tendremos que ver cuántas debemos poner nosotros, dónde, qué territorio van a cubrir y qué es lo que se quiere vigilar. Tampoco es cuestión de convertir todo Gijón en un circuito cerrado de televisión ni de tener cinco cámaras apuntando al mismo sitio. Tendremos que usar los recursos públicos con coherencia», apunta González-Pedraz, que fía el diseño final de esta red de videoviligancia al correspondiente proyecto técnico.

La detección de emisiones anómalas a través de estas cámaras quedará anotada en el registro municipal de incidentes medioambientales que el Ayuntamiento puso en marcha en abril del año pasado y que ahora cuenta con una regulación específica en la nueva ordenanza de protección del medio ambiente atmosférico, incluyendo el libre acceso a su contenido. Tras una fase inicial de pruebas, las inscripciones en este libro se han ido «especializando y concretando», y de hecho su gestión será una de las tareas encomendadas a la nueva técnico de calidad del aire que se acaba de incorporar al servicio municipal.

Vertederos ilegales

Desde la creación de este registro hace quince meses se han realizado ya 139 anotaciones. Tres de cada cuatro, en total 107, corresponden a actas abiertas por la unidad de vigilancia ambiental de la Policía Local. El resto de incidencias llegan de otras fuentes, en ocasiones las propias empresas. En lo que va de año los incidentes de los que ha quedado constancia ascienden a 68, número que casi alcanza ya los 71 que se anotaron en los nueve meses en los que el registro estuvo en funcionamiento en 2016.

Casi la mitad de las anotaciones corresponden a denuncias por vertederos ilegales. Ha habido 66 desde la apertura del registro, 34 de ellas en el primer semestre de 2017. La instalación de cámaras ocultas en los puntos más frecuentados para el depósito irregular de residuos ha facilitado la acción municipal contra esta práctica. En los últimos meses constan ya cuatro sanciones en firme.

Por emisiones irregulares o «nubes contaminantes de la atmósfera» constan en el registro 29 anotaciones, once de ellas en lo que va de año. La mayoría ocurren en factorías donde la capacidad de acción del Ayuntamiento, por cuestiones competenciales, no puede ir más allá de notificar lo ocurrido al Principado. Por vertidos en ríos o en la red de saneamiento y por la aparición de manchas en el mar -sean o no perjudiciales, como ocurrió con los bancos de algas y medusas que causaron alarma el año pasado frente a Peñarrubia-, constan trece anotaciones, cinco de ellas en 2017. Otros ocho incidentes, seis de ellos este año, están relacionados con la presencia de especies invasoras, como el plumero de la pampa.

En el registro constan además seis expedientes -tres en 2017- por la quema de residuos (materiales de construcción, escombros de demolición, neumáticos, embalajes, plásticos, maderas, cartones, envases, aerosoles, aceites y similares), una práctica que la ordenanza de calidad del aire prohíbe en todo el concejo. La quema de rastrojos, matorrales y desechos de jardinería también está vetada en el suelo urbano, mientras que en la zona rural queda a expensas de los permisos de la consejería.

Detección de olores

Otros incidentes tienen relación con el estado de calderas comunitarias -el Ayuntamiento vigila seiscientas- o incluso la emisión de olores. La nueva ordenanza incluye entre sus novedades un procedimiento para detectar, mediante el uso de una sustancia trazadora en el aire, si de un recinto utilizado para la preparación de alimentos -por ejemplo la cocina de un restaurante- pueden llegar olores a las viviendas adyacentes, algo que el local está obligado a evitar.

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