El Ayuntamiento de Gijón lleva a juicio a la Fundación Cajastur por no hacer efectivo el nombramiento de Marta Rodil

El Ayuntamiento de Gijón lleva a juicio a la Fundación Cajastur por no hacer efectivo el nombramiento de Marta Rodil
Marta Rodil. en su despacho. / DANIEL MORA

El Consistorio pide que se declare la nulidad e invalidez de todas las reuniones del Patronato con posterioridad al 20 de diciembre de 2016

EFEOviedo

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Oviedo celebrará mañana la primera vista del juicio por la demanda del Ayuntamiento de Gijón contra la Fundación Cajastur. La Corporación local ha demandado a la Fundación por no haber hecho efectivo el nombramiento de la representante municipal en el Patronato de la entidad, la abogada Marta Rodil, que fue aprobada por el Pleno.

La denuncia fue presentada el 23 de junio de 2017 a raíz de que la Fundación hiciera caso omiso a todos los requerimientos de la Corporación para nombrar a su representante, según ha informado hoy el portavoz del grupo Xixón sí Puede, Mario Suárez del Fueyo.

El concejal ha destacado que con «la denuncia se hizo efectiva la decisión del Pleno del 17 de mayo en el que se votó por mayoría absoluta ejercer las acciones legales oportunas para impugnar el acuerdo adoptado por el Patronato de la Fundación Cajastur del 24 de febrero de 2017 en el que no se efectuó el nombramiento de la representante del Ayuntamiento tras someterse a votación».

El Ayuntamiento pide que se declare la nulidad e invalidez de todas las reuniones del Patronato con posterioridad al 20 de diciembre de 2016, cuando se hizo efectivo el nombramiento del representante de la Junta General del Principado de Asturias, Jaime Montalvo. Suárez del Fueyo ha explicado que en los estatutos de la Fundación se indica que «la persona propuesta debe ser nombrada por el Patronato si cumple los requisitos estatutarios, sin posibilidad de escoger solo la de su agrado».

El Ayuntamiento ha considerado que el rechazo a la representante «democráticamente elegida por el Pleno deja sin sentido el derecho de las entidades fundadoras a designar a su representante». «Confiamos en que por esta vía se llegue a una solución sensata que restablezca la normalidad y el respeto a los acuerdos democráticamente adoptados por el Ayuntamiento», ha añadido.

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