El TSJA obliga al Ayuntamiento de Gijón a readmitir o indemnizar a un becario

El TSJA obliga al Ayuntamiento a readmitir o indemnizar a un becario

Señala en su fallo que «se apoderó de los frutos de su actividad, desentendiéndose de cualquier fin formativo»

Iván Villar
IVÁN VILLARGijón

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha condenado al Ayuntamiento de Gijón a readmitir como personal no fijo a un recién titulado que estuvo trabajando durante un año como becario para la administración municipal o, en su defecto, a indemnizarle con 1.361 euros por despido improcedente. La sentencia considera que «bajo el amparo ficticio de una beca» lo que existió realmente fue «una auténtica relación laboral» y decreta que existió además una «cesión ilegal» de trabajadores entre la Fundación Universidad de Oviedo y el Consistorio, por lo que en caso de que este último opte por la readmisión del demandante ambas administraciones deberán afrontar de forma solidaria el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, el 22 de mayo de 2017, a razón de 41,25 euros diarios.

Desde 2013 el Ayuntamiento y dicha Fundación tienen suscrito un convenio de colaboración para la formación práctica de titulados. En el marco de este acuerdo, en abril de 2016 se ofertaron doce plazas para diplomados en Gestión y Administración Pública o en Ciencias Empresariales, para el desarrollo de los presupuestos participativos de Gijón. El demandante obtuvo una de esas plazas y estuvo durante un año realizando diversas tareas, algunas de las cuales el tribunal entiende que «no encajan en el contenido de la beca concedida». Más allá de que la definición inicial de las labores que debería asumir «es tan amplia e imprecisa que resulta casi quimérico afirmar la existencia en la actividad becada de una finalidad formativa o de estudio concreta», las efectivamente realizadas fueron aún más allá, con funciones que eran «mera actividad de gestión administrativa, que de no hacerlas el actor las tendría que realizar el propio personal del Ayuntamiento».

El TSJA concluye que el Consistorio «se ha apoderado de los frutos de la actividad del demandante, desentendiéndose de cualquier fin formativo». Su abogado, Francisco José Augusto-Barbajero, cree que el fallo «abre la vía a numerosas reclamaciones de becarios que prestan sus servicios en administraciones públicas de manera irregular».

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