El Ayuntamiento ordena «demorar plazos» en algunos contratos para cumplir la regla de gasto

La concejala de Hacienda, Ana Braña. / DAMIÁN ARIENZA
La concejala de Hacienda, Ana Braña. / DAMIÁN ARIENZA

El Congreso aprueba una moción para reformar la Ley de Estabilidad y que los ayuntamientos con cuentas saneadas queden exentos de este límite

IVÁN VILLAR GIJÓN.

La concejala de Hacienda, Ana Braña, aseguró ayer que su departamento «está dando orden de demorar los plazos» de algunos contratos municipales. Lo hace como medida preventiva para evitar superar al cierre de 2017 los topes que marca la regla de gasto, derivada de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En los últimos años, Gijón ha estado muy cerca de sobrepasar este parámetro, que limita cuánto puede aumentar el gasto de una administración con respecto al ejercicio precedente. Su incumplimiento obligaría a poner en marcha un plan económico que permita ajustarse a lo que marca la ley y quedar bajo la tutela financiera del Principado.

Por eso, como ayer señaló EL COMERCIO, el Ayuntamiento está extremando al máximo el control de su gasto, mirando con lupa incluso los más mínimos para evitar cruzar la línea roja por culpa de cualquier desembolso que resulte accesorio y no prioritario. «Existe un riesgo de incumplimiento, pero estamos con políticas de ajuste, de contención y de retraso de pagos al mes de enero para evitarlo», explicó la concejala.

Braña se refirió a la reciente comparecencia en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, quien citó a Gijón entre las ocho grandes ciudades con riesgo de incumplir la regla de gasto a finales de año, junto a Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao y Córdoba. El organismo, especializado en finanzas públicas, ratificaba de esta manera lo que había afirmado ya en julio en un informe donde Gijón también aparecía entre las posibles administraciones incumplidoras.

La concejala de Hacienda, no obstante, cree que los análisis del Airef «no son concluyentes», principalmente porque se basan en datos correspondientes a la primera mitad del año. «No tienen en cuenta muchos de los ajustes que hemos venido realizando a lo largo de los últimos tres meses», señaló.

Explicó que los datos que Gijón remitió al Ministerio de Hacienda el 30 de septiembre, al cierre del tercer trimestre, «están mucho más actualizados que los que contienen los informes del Airef». Y añadió que en esa información se incluyen «previsiones sobre contratos que no van a ejecutarse, bien porque se han prolongado en el tiempo o bien porque hayamos dado orden de demorar los plazos precisamente para cumplir la regla de gasto».

Una alerta constante

La edil recordó que la «advertencia» sobre la posibilidad de superar los límites que establece este parámetro «la tenemos a lo largo de todo el año», y puso como ejemplo cómo cuando a mediados de año se tramitó una modificación presupuestaria para gastar 5,5 millones del remanente de Servicios Sociales -de los que 2,5 tenían como objetivo dotar de fondos la segunda convocatoria de la renta social- «ya era una alerta que teníamos encima de la mesa». Pero dado que en los últimos meses «estamos jugando con las ejecuciones y los pagos», aunque el riesgo de incumplir la regla de gasto sigue existiendo, «no se puede comparar con lo que dice el Airef, que no maneja la realidad de los datos a día de hoy».

La edil socialista Marina Pineda, por su parte, acusó al equipo de gobierno de utilizar la regla de gasto «como excusa y como arma arrojadiza para evitar tener que atender las diferentes peticiones que le hacemos los grupos». Consideró además contradictorias algunas informaciones trasladadas por la Concejalía de Hacienda con respecto al cumplimiento de este parámetro. «En la documentación sobre ejecución presupuestaria del último trimestre que enviaron a Madrid dicen que con los datos que se tenían se incumpliría la regla de gasto, pero al mismo tiempo en las observaciones indican que teniendo en cuenta la ejecución real del presupuesto, al final del ejercicio eso no iba a ocurrir». Pineda criticó que Foro no haya facilitado a la oposición sus previsiones de «inejecución» presupuestaria para el cierre del año, «que es en la que se basan para decir que cumplirán con la ley de Estabilidad».

Tras la polémica suscitada en las últimas semanas por la intervención del Ayuntamiento de Madrid por parte de Hacienda, precisamente por no atenerse a la regla de gasto, ayer el Congreso aprobó una moción pactada entre el PSOE y Unidos Podemos para instar al Gobierno a revisar la Ley de Estabilidad de modo que los ayuntamientos que tengan sus cuentas saneadas, con superávit o equilibrio presupuestario y un nivel de deuda inferior al 110%, queden exentos de cumplir este parámetro que limita su capacidad de acción. Gijón entraría dentro de ese grupo.

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