Los beneficiarios de la renta social de Gijón tendrán que estar inscritos en el paro y buscar empleo

Colas en la oficina de atención ciudadana de La Calzada para solicitar la renta social . / JOSÉ SIMAL
Colas en la oficina de atención ciudadana de La Calzada para solicitar la renta social . / JOSÉ SIMAL

La cuantía de la ayuda será de unos dos millones, una tercera parte de la actual, y se estima que los perceptores serán la mitad que ahora

ANDRÉS PRESEDO GIJÓN.

La renta social municipal pasará este año por la parte más estrecha del embudo. Se rebajará la cuantía a una tercera parte, apenas dos millones de euros, y el número de beneficiarios se prevé que ni siquiera llegue a la mitad de los actuales, que rondan los cuatro mil. Sobre estas premisas trabaja el equipo de gobierno municipal una vez evaluados en detalle los datos surgidos de la primera y controvertida convocatoria. Lo anunció hace unos días la alcaldesa, Carmen Moriyón: la renta social no desaparecería, pero había que adaptarla a la nueva realidad económica marcada por la falta de presupuesto municipal y por la regla de gasto, que cayó como un rayo en la economía municipal.

El resultado de la primera convocatoria, según esta primera evaluación, es bastante preocupante. Foro defiende, como lo hizo desde un principio, la necesidad de esta aportación de dinero municipal para las personas más necesitadas a fin de garantizarles una renta mínima, pero se tiene el convencimiento de que los controles para la concesión no han llegado ni siquiera a los mínimos exigibles, sin cruce de dato alguno con otras administraciones, incluida Hacienda, y el resultado fue que el asunto se salió de la senda correcta y que algunas personas se han aprovechado para obtener una ayuda de dinero público a la que, en buena lid, no deberían haber accedido.

La consecuencia de todo ello derivó, se reconoce, en una desmesura de gasto y también de beneficiarios. Ese es el principal problema que marca el futuro de la renta social municipal, y no algunos casos, muy aislados, de personas que utilizan la tarjeta para defraudar y obtener dinero líquido, con la aquiescencia de algunos comerciantes, o que hacen lo posible para esquivar el listado de productos a adquirir. Los últimos casos sitúan a un ciudadano rumano vendiendo electrodomésticos nuevos en una tienda de segunda mano. Un caso concreto entre miles de operaciones, alude tanto la Unión de Comerciantes como el gobierno municipal, pero que retrata una innegable falta de control sobre el destino del dinero de las tarjetas.

También, hace unas semanas, trascendió que tres comercios hicieron operaciones no previstas en el convenio, con la aquiescencia de otros tantos beneficiarios de la renta social. Se habló de medidas contundentes para acabar con esas prácticas. Así, incluso, se refirió a las mismas la concejala de Bienestar Social, Eva Illán. De los tres comercios implicados en aquel fraude al sistema, uno de ellos fraccionó facturas para justificar una venta incorrecta, solo uno de ellos, dedicado a la venta de artículos de deporte y de montaña, fue expulsado, aunque aún mantiene en la puerta del establecimiento la pegatina oficial. Los otros dos comercios, sendas ópticas, siguen en el programa con total normalidad.

Además de bajar la cuantía y los beneficiarios, con controles mucho más estrictos, la nueva convocatoria de la renta social incluirá, también, alguna obligación para los beneficiarios. No será solo coger la tarjeta. Para ello, se estudia incluir condicionantes entre las que podría estar la inscripción en el paro, la búsqueda de empleo de forma activa, participación en cursillos con el mismo objetivo y algunas otras que, al menos, aporten, se entiende, un cierto plus de calidad a los beneficiarios y una mayor justificación al Ayuntamiento de Gijón para otorgar esas ayudas. También se apuntó la posibilidad de exigir un certificado de penales.

Desde el equipo de gobierno municipal se asume lo beneficioso de la renta social, pero también los problemas que ha originado su aplicación de forma escasamente controlada en muchos niveles de la misma, y que se precisa un nuevo reglamento, mucho más restrictivo, para llegar a las personas que realmente lo necesitan dejando fuera a quienes, aprovechando la marea, se han apuntado a esos beneficios sin cumplir los requisitos mínimos para ello.

Luego, otro problema acucia al equipo de gobierno en este asunto. Se trata de una cuestión que suele ocasionar considerables controversias: ¿quién recibe la renta social? ¿de qué nacionalidades o procedencia? Estos datos tienen su importancia, sobre todo por la insistencia de algún grupo de la oposición, en concreto el PP, en la línea de que estas ayudas producen un efecto llamada y que muchas personas vienen a empadronarse a Gijón al calor de este dinero público.

Más del 15% de extranjeros

Ni un solo dato se ha aportado a esos efectos, pero este periódico ha podido saber que el número de extranjeros que recibieron la ayuda social en la primera convocatoria supera el 15% del total, una cifra que se considera respetable y que será mucho mayor si se une a los beneficiarios llegados a otras comunidades españolas. Desde el gobierno municipal se han brindado, hasta la fecha, estos datos a pesar de que fueron solicitados, con todo detalle, por parte de la oposición.

Todo hace indicar que se trata de evitar que a los problemas derivados de la renta social se sume una opinión pública más que crítica con sostener a una colonia de extranjeros con fondos públicos locales.

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