Los dueños de Los Fresnos pierden un recurso para evitar 248.000 euros de plusvalía

Los dueños de Los Fresnos pierden un recurso para evitar 248.000 euros de plusvalía
Patio interior del centro comercial Los Fresnos. / DAMIÁN ARIENZA

Los gestores del centro alegaban que el valor del suelo se redujo en 10,5 millones de 2007 a 2016. El Ayuntamiento dice que aumentó cuatro millones

Iván Villar
IVÁN VILLARGijón

Los juzgados siguen siendo el campo de batalla en el que se dirime el cobro de uno de los impuestos que más ingresos reportan cada año al Ayuntamiento de Gijón, en torno a 17 millones de euros en el último ejercicio. Se trata de la plusvalía, un tributo que grava el incremento de valor de los inmuebles objeto de operaciones de compraventa, y que sigue pendiente de una profunda reforma a nivel estatal después de que el Tribunal Constitucional fallara que no puede cobrarse en los casos donde no se haya producido esa revalorización. Mientras se aprueba una nueva regulación, la diferencia de posturas entre los contribuyentes disconformes y los servicios tributarios municipales se está resolviendo caso a caso en sede judicial, dando lugar a sentencias dispares.

La última de ellas, emitida la semana pasada, da la razón al Ayuntamiento y obliga a los propietarios del Centro Comercial Los Fresnos a desembolsar 248.310 euros en concepto de plusvalía por el último cambio de titularidad del inmueble, registrado en 2016. Según el fallo que acaba de emitir el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, en respuesta a un recurso presentado por la mercantil que gestiona esa gran superficie, es el contribuyente quien debe acreditar que no ha existido un incremento de valor que motive el pago de ese impuesto, algo que entiende que no se ha logrado en este caso.

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En diciembre de 2007 el grupo holandés Redevco, a través de su filial Redevco Retail España SLU, adquirió el edificio de Los Fresnos a Testa Inmuebles en Renta, del grupo Sacyr, por 34,6 millones de euros. Nueve años después, en febrero de 2016, Redevco Retail España vendió el inmueble a otra sociedad del mismo grupo, Redevco Los Fresnos SLU, por 21,6 millones de euros. El Ayuntamiento reclamó por esa operación una plusvalía de 248.310 euros que la empresa recurrió primero por la vía administrativa y después por la judicial, al entender que no procedía pago alguno al haber existido «una pérdida patrimonial de 12,9 millones de euros».

La sentencia determina en un primer punto que los precios fijados en las escrituras de 2007 y 2016 «no pueden ser tomados en consideración» a la hora de determinar si existió o no una revalorización que justifique el cobro de ese impuesto, «porque en la decisión de vender un inmueble y en la determinación de su precio pueden concurrir factores que afecten a la fijación del valor real del mismo -familiares, situaciones de dificultad económica, etcétera-».

Factores subjetivos

Cita a este respecto sentencias del Tribunal Supremo en las que se hace referencia al peso que tienen a la hora de establecer el precio de un bien diferentes variables «subjetivas y hasta personalísimas, impulsivas e imprevisibles, que desfiguran el valor real de la finca». En este sentido, señala cómo «una cosa es que se produzca una pérdida patrimonial» como la que alega la multinacional inmobiliaria «y otra que dicho inmueble haya disminuido su valor, lo que es preciso acreditar mediante una prueba idónea».

El juez añade en cualquier caso que a la hora de cobrar este impuesto no se tiene en cuenta el valor de la edificación, sino el del suelo. Y en concreto, si ha existido o no un incremento de valor desde el anterior cambio de titularidad. A estos efectos, el Ayuntamiento presentó un informe de la jefa del servicio de gestión de ingresos en el se indicaba que el valor catastral del inmueble había pasado de 2,2 millones de euros en 2007 (cuando Redevco lo compró a Testa) a 6,4 millones en 2016 (cuando se produjo la compraventa objeto de discusión).

La empresa, por su parte, aportó una tasación en la que se valoraba la parcela en 14,8 millones en 2007 y en 4,3 millones en 2016, lo que supondría una minusvalía de 10,5 millones de euros. El juzgado no dio por válido este documento al entender que ni en el informe escrito ni en la comparecencia judicial del perito se justificó con claridad cómo se habían determinado esas cifras, dando por buenas las que constaban en el documento presentado por el Ayuntamiento.

Redevco Retail España tiene ahora un plazo de quince días para presentar recurso de apelación ante el la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias si lo considera oportuno.

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