Los colegios de abogados afrontan en Gijón el reto de reforzar su ciberseguridad

Asistentes a las jornadas en el recinto ferial Luis Adaro. /  JORGE PETEIRO
Asistentes a las jornadas en el recinto ferial Luis Adaro. / JORGE PETEIRO

Antes del 25 de mayo deben adaptar sus programas al nuevo reglamento europeo de protección de datos

M. MENÉNDEZ GIJÓN.

Más de 180 representantes de 62 colegios de abogados de España, de cinco consejos autonómicos y del Consejo General de la Abogacía Española se reúnen estos días en el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro para analizar la aplicación de las nuevas tecnologías en el gobierno y gestión de su profesión. El decano del colegio gijonés, Sergio Herrero, explicó que se trata de «cómo relacionarse con otros abogados, con los órganos judiciales y con los propios ciudadanos». Pero hay un elemento fundamental en todo ello, como es que «tenemos que reforzar la ciberseguridad», apuntó Herrero.

Ése es uno de los asuntos fundamentales a tratar durante este encuentro, así como otro de máxima urgencia como es que el próximo 25 de mayo entra en vigor el reglamento europeo de protección de datos personales, con lo que los programas colegiales deberán ser adaptados a esa normativa.

La implantación del expediente electrónico colegial, la mejora de la comunicación con los juzgados vía LexNet o la implantación de nuevas tecnologías tipo 'blockchain' para los registro colegiales son otros de los asuntos a analizar.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, que participó en la inauguración de las jornadas, explicó que «las tecnologías avanzan muy rápido», por lo que es preciso que los colegios de abogados se pongan al día y aprovechen las potencialidades que ofrecen, máxime teniendo en cuenta las necesidades de conectividad de los profesionales con las sedes judiciales. Pero si algo reclaman los letrados es un sistema de funcionamiento unificado para todo el país, pues en la actualidad hay diferencias entre las comunidades con las competencias de Justicia transferidas y aquellas que dependen de la Administración central, pues utilizan sistemas que no son capaces de comunicarse entre sí, lo que dificulta tanto el trabajo de los abogados como de los propios juzgados.

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