La fórmula para contratar a los salvamentos es un «fraude de ley», según Usipa

Caseta de salvamento de San Lorenzo, el pasado mayo. / UCHA
Caseta de salvamento de San Lorenzo, el pasado mayo. / UCHA

El sindicato asegura que no se puede hablar de «funcionarios interinos» cuando no hay intención alguna de sacar las plazas como fijas en el futuro

A. PRESEDO GIJÓN.

Pasan los años, las convocatorias, las bolsas de empleo, pero el problema legal de la contratación de los miembros del equipo de salvamento de las playas gijonesas se repite como una tradición primaveral. El 1 de mayo comenzará, aunque sea con solo un retén, la temporada de baños en Gijón y, con ella, la obligada presencia de los profesionales que velan por la seguridad de los usuarios de las playas.

Ahora, con la primavera recién estrenada, se abre el periodo para la contratación de estos salvamentos y, un año más, la fórmula laboral elegida por el Ayuntamiento de Gijón se enfrenta a problemas de índole legal. El sindicato Usipa va más allá y asegura que desde el gobierno municipal se está cometiendo un «fraude de ley» al pretender contratar a los salvamentos como «funcionarios interinos».

Según este sindicato, este sistema aboca a posibles impugnaciones, incluso de particulares, ya que, entiende, «no se puede utilizar de forma sistemática la figura de funcionario interino cuando no hay la menor intención de sacar las plazas a concurso de manera indefinida».

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Personal laboral temporal

Este problema de la fórmula para contratar a los salvamentos (12 socorristas de lancha, 27 socorristas acuáticos y 5 auxiliares de playa) viene ya de muchos años atrás, en tiempos, incluso, cuando el gobierno municipal estaba en manos de los socialistas. Por aquel entoces se jugó con la figura de «personal laboral temporal» y empezó un goteo de sentencias judiciales perdidas. Luego, como funcionarios interinos.

Ya con Foro al frente del Consitorio, se planteó, incluso, la posibilidad de privatizar el servicio, cuestión que quedó descartada.

El año pasado, después de no poca controversia, la concejala responsable de Personal, Ana Braña, se comprometió, de palabra, con el sindicato Usipa para que, ya en 2018, el problema se solucionase de acuerdo por lo dictado por numerosas sentencias y que se encaminase a una contratación de «personal fijo discontinuo», ya que se tiene que cubrir de forma periódica año tras año, por lo que se trata de plazas fijas de estructura que no se pueden cubrir con personal contratado de forma temporal. El personal fijo, de llevarse adelante, debería de pasar una prueba física cada cinco años. De momento, nada de esto se ha llevado adelante.

Avalancha de reclamaciones

Llegado a este punto, el equipo de gobierno ha decidido este año, de nuevo, realizar la convocatoria de toda esa plantilla como funcionarios interinos que, como queda dicho, en opinión de Usipa es un «fraude de ley» y lo que conllevará, si se lleva adelante, vaticinan, es otra avalancha de reclamaciones judiciales. La bolsa actual tiene 39 miembros. La cifra aumentará con la actual próxima convocatoria.

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