Uno de cada cuatro edificios de viviendas deberá someterse a inspección este año

El Ayuntamiento publica el censo de los 7.833 inmuebles obligados a presentar un informe de evaluación. De ellos, 2.001 deben hacerlo en 2018

IVÁN VILLAR GIJÓN.

El Ayuntamiento de Gijón publicó ayer el censo de inmuebles del concejo, una de las obligaciones que venían recogidas en el decreto aprobado el pasado año por el Principado que regula el Informe de Evaluación de los Edificios. La norma, derivada de una ley estatal de 2011, obliga a todos los edificios residenciales de vivienda colectiva con una antigüedad igual o superior a los 50 años a contar con un informe expedido por profesionales competentes que acredite que el inmueble cumple con tres aspectos fundamentales: accesibilidad, eficiencia energética y conservación. Las comunidades de propietarios deberán correr con el coste de este peritaje, que tendrán que renovar cada diez años. El precio de la inspección, en función de variables como el tamaño de la comunidad y la antigüedad del inmueble, podría oscilar entre los 145 y los 2.200 euros.

El primer paso para la aplicación de esta normativa era la elaboración de censos municipales en los que consten todos los edificios del concejo afectados por el decreto -están excluidas las viviendas unifamiliares, así como los inmuebles declarados en ruina-. Deberá reflejar la antigüedad de cada bloque y el año en el que está obligado a presentar su primer informe. Los ayuntamientos tendrán que actualizar anualmente este listado, indicando en el caso de las comunidades ya inspeccionadas en qué año tendrán que pasar una nueva evaluación.

Los más antiguos, en junio

En el censo de Gijón constan 7.833 inmuebles, de los que 2.001 tendrán que presentar el informe exigido por el decreto este mismo año. Son uno de cada cuatro, y en concreto todos aquellos construidos como muy tarde en 1963 y que, por tanto, ya han superado los 55 años de antigüedad. Si bien la inspección es obligatoria a partir de los 50 años, una disposición adicional otorga un plazo de cinco años para presentar el informe desde el momento en el que se supere esa edad. En el caso de los inmuebles que hubieran cumplido el medio siglo con anterioridad al 28 de junio de 2013, independientemente de su antigüedad, el tope para presentar el informe será el próximo 28 de junio. Es decir, tendrá el mismo margen un edificio de enero de 1963 que uno de 1920. A partir de ahí, la fecha límite irá en función de cuándo llegó exactamente a los 50 años cada edificio.

A lo largo de 2019 tendrán que presentar el preceptivo informe los 306 edificios datados en 1964; en 2020 lo harán 232 construidos en 1065; en 2021, otros 208 del año 1966; y en 2022, los 198 de 1967. En una década, cuando llegue el año 2028, habrán pasado este trámite el 54,9% de los bloques residenciales. A las construcciones más recientes, las de 2017, no les tocará hasta el año 2072.

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