Las defensas de Rexach y Rato acusan a la Olaf de falsedad en el informe que abrió el 'caso El Musel'

Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato. /Iñaki Martínez
Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato. / Iñaki Martínez

Los letrados presentaron sus alegaciones ante la jueza Carmen Lamela y piden el sobreseimiento de las actuaciones en la Audiencia Nacional

MARCO MENÉNDEZ GIJÓN.

Las defensas de Fernando Menéndez Rexach, expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, y José Luis Díaz Rato, exdirector, presentaron ya sus alegaciones al procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la obra de ampliación del puerto de El Musel. En ambos escritos, los letrados -Agustín Azparren y Viliulfo Díaz, respectivamente- coinciden en solicitar el sobreseimiento de las actuaciones, ya que consideran que, tras los más de tres años de procedimiento en el Juzgado Central de Instrucción número 3, no se ha probado que los investigados cometieran delito alguno. Es más, los abogados apuntan como responsable de todo este proceso al informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) y que contendrían falsedades.

Muy duro se mostró en su escrito la defensa de Menéndez Rexach, pues asegura que «las inexactitudes, errores y falsedades del informe de la Olaf, única base de las acusaciones ejercidas por la Fiscalía y el Ocan (Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción), presentadas en diciembre de 2014, han quedado puestos de manifiesto en distintos documentos remitidos a este juzgado». Es más, abunda que uno de los propios redactores del informe llegó a manifestar en sede judicial que «en ningún momento afirmaron que hubiera actuaciones delictivas».

También muy crítico se expresa el defensor de Díaz Rato cuando indica que «el informe de la Olaf, reiteramos, causante de la apertura de este procedimiento judicial, carece de todo rigor y veracidad en sus conclusiones, llegando incluso a desacreditar la actuación de este organismo europeo». Viliulfo Díaz asegura en su escrito que «los funcionarios de la Olaf, en base a una información parcial y sesgada, sin conocimientos técnicos para proceder a una evaluación de las obras marítimas y desconociendo el sistema de contratación por las que se rigió el contrato, llegan a conclusiones erróneas».

«Sin pruebas definitivas»

La jueza Carmen Lamela ya dio traslado del procedimiento a la Fiscalía, que ahora deberá informar de si pide la apertura de juicio o no. Eso sí, Lamela no le ha puesto un plazo a la fiscalía para que presente sus conclusiones, aunque se prevé que no se dilate demasiado en hacerlo. Los letrados aseguran que durante la instrucción del caso no ha salido a la luz prueba definitiva alguna que permita a la acusación tener una base contundente con la que abrir un juicio. En este procedimiento hay un total de 27 personas investigadas y se partió de una acusación inicial a Menéndez Rechax y a Díaz Rato por seis posibles delitos (fraudes y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil cometida por particular, fraude a la Hacienda pública y prevaricación). Pero Agustín Azparren indica en sus alegaciones que, tras las primeras declaraciones, el Ministerio Fiscal «dejó reducidos a la mitad los supuestos delitos, en concreto fraudes, malversación y prevaricación». Añade en su exposición que, «en la fase final de instrucción, parece que ya los supuestos delitos habrían quedado reducidos a dos, fraude y prevaricación». Pero lo cierto es que nadie sabe qué hará el fiscal cuando presente su informe definitivo.

La defensa de Menéndez Rexach ataca también a las acusaciones. Del Ministerio Fiscal dice que «no ha conseguido ... aportar alguna prueba aparte de indicios o sospechas que se han desvanecido a lo largo de la instrucción». De la Ocan asegura que «no se ha conducido realmente con un interés de averiguar la verdad de lo acontecido en esta singular obra, sino con una finalidad política». De la acusación de José Prendes, afectado por una expropiación, apunta que «se ha limitado a defender sus intereses particulares con vistas a una posterior reclamación de daños y perjuicios». Y de la Abogacía del Estado, «merece un comentario aparte», pues habla de una postura «cambiante», «quizá explicable por la 'esquizofrenia'» de defender al Estado actuando como acusación en un proceso interno y defender como Estado ante la UE la correcta utilización de los fondos.

Ambos letrados subrayan que la obra de ampliación del puerto se liquidó en 92 millones de euros menos de lo presupuestado y Viliulfo Díaz destacó sobre su defendido que «no es factible mantener una acusación siquiera indiciaria». Apunta en su escrito de alegaciones que se han presentado «argumentaciones sesgadas y obtenidas de fuentes indirectas, bien con interesado o temerario desprecio por los hechos objetivos acreditados, bien con manifiesto desconocimiento, o cualificación técnica especializada insuficiente de quienes abordaron el análisis especulativo de toda la complejidad, envergadura y vicisitudes que conllevó la elaboración del proyecto».

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