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El delito de abandono de familia por impago de pensiones

El delito de abandono de familia por impago de pensiones
En materia de Derecho de Familia, y como consecuencia de las sucesivas reformas legislativas que surgieron por la propia evolución social, el delito de “abandono del hogar” castigado con pena de arresto y multa, finalmente, ha desaparecido
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Por lo tanto, es fundamental destacar que el abandono del domicilio familiar o conyugal no constituye en sí mismo ningún delito o falta. Es más, si bien de acuerdo con lo establecido en el Código Civil los cónyuges están obligados a vivir juntos, no se produce el incumplimiento de este deber cuando uno de los cónyuges abandona el domicilio conyugal por una causa que sea razonable, y si en el plazo de treinta días presenta una demanda de nulidad, separación o divorcio, en aras a establecer las medidas para el sostenimiento de las cargas familiares.

Esto nos lleva a plantearnos qué se entiende en la actualidad por “abandono de familia”, ya que aún hoy día hay muchas personas que confunden ambos términos, e incluso en ocasiones en que la convivencia resulta de todo punto insostenible, alguno de los cónyuges no se atreve a abandonar el domicilio conyugal ante el temor de consecuencias legales, incluso penales, viéndose así obligado a soportar una situación de tensión y malestar que indefectiblemente ha de repercutir en los hijos y en la relación familiar.

El abandono de familia definido en nuestro Código Penal tiene tres requisitos: omisión de los deberes de asistencia a los descendientes, ascendientes o cónyuge que se hallen necesitados; abandono malicioso y voluntario en relación con la posibilidad de cumplirlos, y que haya cierta permanencia en la situación creada.

No obstante, el delito de abandono de familia al que nos vamos a referir en concreto es al que recoge el artículo 227 del Código Penal, es decir, el delito de impago de pensiones alimenticias. Los requisitos que exige la Ley y la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo son los siguientes: 1) Que exista una sentencia judicial que fije y obligue a uno de los progenitores a pagar una pensión alimenticia a sus hijos, que están a cargo del otro progenitor. 2) Que se produzca el impago durante dos meses consecutivos, o cuatro meses alternos. 3) Que exista intención de no pagar. Hay que acreditar por lo tanto la voluntad de no querer proceder al abono de dicha pensión. Cosa distinta es el caso de insolvencia, por tratarse de una situación involuntaria.

De concurrir tales requisitos, cabe presentar la correspondiente denuncia en el Juzgado de guardia, Comisaría de Policía o cuartel de la Guardia Civil. Cuando los hijos son menores de edad, intervendrá el Ministerio Fiscal, como garante del interés público.

Finalmente, conviene recordar que las penas que se establecen para este delito son la prisión de 3 meses a 1 año, y la multa de 6 a 24 meses. Hay que destacar que el Código Penal, además, establece que la reparación del daño conllevará siempre el pago de las cantidades adeudadas, ya que el bien jurídico protegido es el derecho a asistencia que en este caso tienen los hijos.

Belén Arias Bulnes

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