La denegación de ayudas a fachadas se multiplica por veinte este año

Grupo Residencial Santa Olaya, uno de los afectados. /  PALOMA UCHA
Grupo Residencial Santa Olaya, uno de los afectados. / PALOMA UCHA

En dos semanas la junta de gobierno declara como «desistidas» 63 solicitudes, frente a las tres de 2017, alegando falta de documentos

I. VILLAR GIJÓN.

La junta de gobierno prevé declarar hoy como «desistidas» 23 solicitudes de ayudas de otras tantas comunidades de vecinos para la rehabilitación de fachadas o la supresión de barreras arquitectónicas en sus edificios. Las afectadas se sumarán a otras 40 que en la junta de gobierno del 30 de enero también vieron frustradas sus aspiraciones para obtener una subvención por el mismo motivo. En apenas dos semanas se ha llegado a un total de 63 solicitudes «desistidas», una cifra veinte veces superior a la de todo 2017, cuando el mismo órgano solo decretó tres desestimientos. En 2016 fueron cinco.

En todos los casos el motivo es la falta de documentación, si bien la fecha en la que ésta fue requerida a cada una de las comunidades varía ampliamente. Algunas recibieron la notificación hace incluso un año y medio y otras no lo hicieron hasta diciembre de 2017. No obstante, todas coinciden ahora en el tiempo a la hora de ver desestimada su solicitud por no haber cumplido con todo el papeleo. Las carencias detectadas también son muy diversas, y con ellas los requerimientos de documentación adicional realizados por Urbanismo. Desde el DNI del representante de la comunidad de propietarios hasta una declaración «de que el edificio tiene más de 20 años», pasando por fotografías del estado actual de los inmuebles o diferentes detalles de los proyectos. En un caso el motivo alegado para decretar el desestimiento es que «parte de la memoria y del presupuesto desglosado era ilegible».

Cambio de bases

Estos desestimientos coinciden en el tiempo con el acuerdo de la junta de gobierno de dejar en suspenso las bases del programa de ayudas a fachadas hasta la elaboración de uno nuevo. En él se fijará un límite presupuestario concreto, de modo que cada año solo obtendrán la subvención las peticiones que obtengan una mayor puntuación de acuerdo con los criterios que se fijen, hasta agotar la cuantía. Hasta ahora todas las solicitudes que cumplían las bases eran aprobadas y las ayudas se pagaba por orden de registro a medida que hubiera presupuesto. En los acuerdos adoptados estos días se indica que las comunidades podrán volver a presentar sus solicitudes «en el momento en que se encuentren en disposición de acometer las obras y presentar la documentación de conformidad con las bases que rijan en ese momento».

Hasta el 31 de diciembre, fecha en la que dejaron de admitirse nuevas peticiones, constaban en Urbanismo 481 solicitudes pendientes de resolución, que podrían suponer ayudas por un importe de 45,5 millones de euros. Las 63 desistidas ahora suponen un 13% de esa cantidad. El PP ya criticó en la última comisión de Urbanismo el elevado número de desestimientos, que relaciona con que las notificaciones a las comunidades se haga por medios electrónicos a través de un buzón virtual. «Nadie les avisa de que se ha hecho y si pasan diez días sin respuesta se entiende como rechazada», señalan.

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