Denegada una indemnización por los derribos para el fallido plan de Castiello

La constructora San Bernardo reclamaba 957.000 euros por dos chalés que se tiraron porque no encajaban en el ámbito, ahora anulado

I. VILLAR GIJÓN.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón ha denegado el pago de una indemnización próxima al millón de euros a una promotora del plan parcial de Bernueces que reclamaba ser compensada por el derribo de parte de sus propiedades durante las actuaciones previas al desarrollo residencial que proyectado para la zona, que quedará excluido del nuevo PGO.

Los dos planes generales de ordenación anulados por los tribunales contemplaban en Castiello la construcción de 4.000 viviendas -entre chalés, torres bajas o villas y bloques de hasta cinco plantas- en un ámbito de más de 900.000 metros cuadrados en el que tienen propiedades una docena de constructoras. en los terrenos de una de ellas, San Bernardo, existían dos chalés cuya pervivencia era incompatible con el desarrollo previsto y que estaban tasados en 957.000 euros. En marzo de 2010 la junta de compensación constituida para la urbanización de este espacio aprobó con el voto del 98% de los junteros, incluida la empresa San Bernardo, la demolición de estas dos edificaciones, «por razones de seguridad y para evitar ocupaciones indeseables». Aunque el PGO que daba soporte a ese plan parcial ya había sido anulado judicialmente, el Ayuntamiento estaba tramitando uno nuevo en el que se mantenía el urbanizable.

En mayo de 2015, sin embargo, ese PGO también fue anulado. Y dado que desde el inicio de la tramitación del que está actualmente en estudio se supo que el plan de Castiello desaparecía como desarrollo residencial, en julio de 2015 la junta de compensación se reunió en asamblea para aprobar su disolución, al no existir el planeamiento que le daba sentido.

San Bernardo denunció que en esa liquidación no se reconocía la deuda que la junta había contraído con ella por el derribo de los dos chalés. El juez argumenta que solo tendría derecho en el momento en que se aprobara el proyecto de compensación, fase que no se llegó a alcanzar, o si las demiliciones se hubieran realizado en contra de su voluntad, «que no es el caso».

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