Las denuncias por botellón repuntan con casi dos multas al día en solo seis meses

Gráfico

La Ordenanza de Convivencia redujo el problema los primeros tres años, pero desde 2015 las infracciones crecen y ya son 282, el 61, 4% del total

GLORIA POMARADA GIJÓN.

En el primer semestre del año, los requerimientos por botellón volvieron a acaparar más de la mitad de las denuncias por incumplimiento de la Ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana, como viene siendo habitual desde su entrada en vigor en 2013. Pero además este año hay un repunte. De enero a junio, la policía local cursó 282 denuncias, casi dos al día. En términos porcentuales, un 61,4% de las intervenciones en materia de convivencia estuvieron relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública, el mayor volumen de los últimos cinco años. Respecto al monto de denuncias por botellón, la tendencia revela altibajos. En los tres primeros años de ordenanza, la cantidad se redujo de las más de cuatrocientas de 2013 a las ciento cuatro de 2015, año a partir del cual la tendencia experimenta un continuo repunte. En los ocho primeros meses del pasado año se cursaron trescientas cuatro y este semestre, a falta de incluir los meses de verano -tradicionalmente los de mayor incidencia- la cifra se sitúa ya en doscientas ochenta y dos.

Zonas como Cimavilla, donde la ordenanza había atajado la presencia de muchedumbres bebiendo en las calles, han experimentado en los primeros meses de 2017 una 'vuelta a las andadas'. El retorno al barrio alto es solo una muestra de la incidencia del botellón. En fiestas de prau, como la del pasado junio en Cabueñes, se registraron en dos noches veinticinco denuncias y tres comas etílicos de menores. Ante los recurrentes efectos del botellón, la comisión de festejos de Castiello llegó a plantear la pasada semana la petición de carnés de identidad a menores que acudiesen al prau con bolsas de bebida. Pese a la advertencia y el refuerzo de presencia policial, la verbena no se libró del botellón. Tras la fiesta, los organizadores señalaban un ligero descenso de los excesos, pero reconocían que llegaron a recoger trescientas garrafas con capacidad para cinco litros.

«Lo tenemos bastante controlado. No hay esas cosas que había antes en Gijón y todavía existen en otras ciudades», señalaba en una entrevista a EL COMERCIO el pasado domingo el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio. Sobre los mecanismos para atajar la problemática, de especial incidencia entre los menores -un 60% reconoce haber participado en algún botellón en el último año- el edil recordaba que la imposición de sanciones «tiene unos límites legales» y la labor de la policía local se limita a «sancionar, intervenir los elementos del botellón y llevar a los menores al hospital, además de poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos». En estos casos, apuntaba, «tienen una cierta responsabilidad los padres».

Las sanciones van de los 100 a los 750 euros, pero los jueces suelen anularlas si se recurren

Las multas por beber en la calle contempladas en la normativa municipal van de los cien a los setecientos cincuenta euros. No obstante, cuando las sanciones se recurren los jueces tienden a anularlas, un fenómeno que se repite en localidades de toda España. En Gijón, el pasado marzo, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 cuestionó la validez de las denuncias al anular una multa de cien euros por practicar botellón durante el Antroxu de 2016. La sentencia indicaba que los policías deben detallar las molestias y altercados ocasionados para no incurrir en un «juicio de valor» del propio agente.

En este semestre, la Policía Local también ha efectuado 9.890 controles de alcoholemia y drogas al volante, de los cuales doscientos sesenta y nueve resultaron positivos en alcohol y setenta y cinco en otras sustancias. Las denuncias por intervención de drogas se situaron en ciento treinta y nueve.

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