«Lo peor es que el banco no nos quiere ni escuchar»

Nazario y Loli, en la casa de la que serán desahuciados
Nazario y Loli, en la casa de la que serán desahuciados. / Damián Arienza

Loli y Nazario, dos jubilados, avalaron a su hijo para la compra de un piso. Ahora están a punto de ser desahuciados

PABLO SUÁREZ

En 2006 Nazario, parquetista ya jubilado, y Loli, ama de casa, deciden avalar a su hijo, David, para que este pueda comprar una casa. La entidad bancaria que les gestiona la hipoteca, Liberbank, llega a un acuerdo con ellos para que una vez pagada determinada cantidad de la hipoteca, tanto Nazario como Loli queden liberados de la misma y la responsabilidad recaiga en su primogénito.

Con la llegada de la crisis, David pierde su trabajo en la construcción y comienza a tener problemas para pagar una hipoteca cuyos tipos de interés se vieron además incrementados debido a la complicada situación financiera. Ante la imposibilidad de pago por parte de su hijo, el peso de las cuotas recae directamente en Nazario y Loli por su condición de avalistas. Sin embargo, éstos, cuyo único ingreso es la pensión de Nazario, se ven incapaces de asumir el pago.

Comenzaron una negociación con la entidad bancaria, la cual se cerró en banda a negociar cualquier tipo de reducción de la cantidad adeudada. Además, el propio banco inició entonces un proceso judicial para quedarse con la casa de David y también con la de Loli y Nazario, al ser esta un activo de los avalistas.

La pareja, que ya da por perdida la casa de su hijo, tardó en enterarse de que la suya también estaba en peligro. Una vivienda que tienen pagada desde hace más de veinte años y en la que viven desde poco después de contraer matrimonio. «En esta casa está toda mi vida y mis recuerdos», consigue articular Loli, a la que más ha afectado psicológicamente la situación. Nazario, con mayor entereza, explica que entienden que el banco quiera cobrar su deuda pero que considera «excesivo e ilógico» las condiciones que le piden además de la pérdida del piso avalado.

Unas condiciones que incluyen la cesión al banco del primer inmueble así como el pago de 93.600 euros derivados de la deuda acumulada con la entidad bancaria. «Nosotros lo que pedimos es que nos bajen esa cantidad a 50.000 euros, y nos comprometemos a ir pagándola a base de una renta anual razonable y que podamos asumir con mi pensión», afirma Nazario.

Una petición basada en el peritaje realizado en su vivienda, tasada en poco más de 55.000 euros. «Sería ilógico que rechazasen nuestra oferta y luego sacasen el piso a subasta por la misma cantidad que les damos nosotros», explica Nazario, con evidente desesperación.

Sin embargo, siguen pendientes de respuesta por parte de la entidad bancaria. «Lo que más nos duele es que no quieran ni sentarse en una mesa a negociar», cuenta.

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