La escritura de La Torriente fija un precio total e impuestos a cuenta de los compradores

El Grupo inició los trabajos de desbroce en La Torriente. / J. PAÑEDA
El Grupo inició los trabajos de desbroce en La Torriente. / J. PAÑEDA

La parte vendedora aduce que si el IVA estuviera incluido en los 1.350.000 euros sería absurdo especificar quién asume los impuestos

E. C. GIJÓN.

La escritura firmada el pasado martes por representantes de Peñalisa, S. A. y Real Grupo de Cultura Covadonga sobre la compra-venta de la finca La Torriente incluye dos estipulaciones: una establece «el precio alzado y total de un millón trescientos cincuenta mil euros» y otra que «todos los gastos, impuestos y arbitrios, que se originen o devenguen por el otorgamiento de la presente escritura, serán satisfechos por la parte compradora, excepto el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como los derivados del Impuesto de Bienes Inmuebles relativos al presente ejercicio, que serán satisfechos por la parte vendedora».

A la hora de la verdad, cada parte concede prevalencia a una sola de esas estipulaciones. La empresa se atiene a que los impuestos, incluido el IVA, ya que no figura entre las excepciones, y que la segunda estipulación sería absurda si esos impuestos estuvieran ya incluidos en el «precio alzado y total». El Grupo, por su parte, defiende que con ese «precio alzado y total» se sobreentiende que está incluido el IVA.

La discrepancia hace que Peñalisa esté preparando una demanda contra el Grupo por incumplimiento de las condiciones de compra-venta, con el objetivo de anular la operación, y que previsiblemente sea un juez el que deba dirimir si la compraventa es válida o, en su caso, quién debe pagar los 283.500 euros que están en juego.

Manuel Estrada, abogado de Peñalisa, apunta un dato más por el que queda claro, a su juicio, que los 1.350.000 euros no incluyen el IVA y es que, al final de la escritura, se toma como «bases de cálculo» para la «aplicación de arancel», el precio de 1.350.000 euros, lo que equivaldría a «gravar sobre un gravamen» si esa cantidad incluyese el IVA.

Sobre el origen del enredo, Manuel Estrada indicó que pudo haberse planteado alguna duda sobre si la compra-venta en cuestión se debía liquidar con IVA o con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. De hecho, en el acta notarial se hacen «reservas y advertencias legales» sobre liquidación de varios impuestos y normativa aplicable al caso, con cita, «de modo expreso», del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la Ley de Tasas y de Precios Públicos, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Catastro Inmobiliario, así como la Plusvalía, mientras que ningún momento se cita el ahora polémico IVA.

Estrada aseguró que, ante la seria discrepancia, pidió la anulación de la escritura que se acababa de firmar, antes de la formalización del crédito hipotecario, pero los responsables grupistas se negaron y dieron la escritura por buena, motivo por el cual decidió no recoger el cheque. Según la misma fuente, fue un empleado de la notaría quien advirtió sobre la necesidad de concretar la liquidación del IVA.

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