El Estado deniega el asilo a un palestino residente en Gijón

La Audiencia Nacional dictamina la revisión del expediente, desestimado «porque no existe un temor fundado de riesgo para su vida»

O. SUÁREZ GIJÓN.

La Audiencia Nacional obliga al Estado a revisar la solicitud de protección internacional a un estudiante palestino residente en Gijón que pidió asilo por «el hostigamiento del Ejército israelí a la población de Palestina». El abogado del Estado se opuso a la estimación de la demanda, aduciendo que «las explicaciones pueden ser consideradas como el día a día de todo palestino residente en la provincia de Qalqilya, por lo que puede dudarse de que exista una persecución concreta contra el solicitante».

El letrado sostiene, además, que «solicitó la protección dos años después de llegar a España, cuando renovó su tarjeta de estudiante». En opinión del abogado del Estado, «esa conducta lleva a pensar que su solicitud de asilo responde a otras motivaciones distintas a un temor fundado de riesgo para su vida». El 30 de abril de 2015 el ciudadano formuló una petición de asilo ante el Gobierno de España, a través de la Jefatura Provincial de Policía de Asturias. Alegó que le perseguía el Ejército de Israel como consecuencia de su nacionalidad y su residencia en la localidad de Azzoun, en la franja de Cisjordania, «con objeto de obtener, a través del hostigamiento de su población, la salida de la misma para su posterior entrega a los asentamientos de judíos».

31 días retenido

Este estudiante universitario de 32 años apuntó, al solicitar la protección internacional, que durante 31 días permaneció retenido por el Ejército y que tuvo que abandonar Palestina a través de Jordania, para luego trasladarse en avión a Turquía, desde allí a Grecia y con posterioridad a Gijón.

La Sala de Contencioso de la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo contra la denegación por silencio administrativo de la solicitud de derecho de asilo y anula la decisión «por no ser ajustada al ordenamiento jurídico, retrotrayendo actuaciones para que la Administración, tras la tramitación del procedimiento, dicte por escrito la resolución».

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