Estibadores temen por sus empleos al expirar el año de transición

Agotado el plazo para desarrollar la norma que adapta el sector a la sentencia de la UE, piden ampliarlo para evitar caer en la indefensión

MARCO MENÉNDEZ GIJÓN.

El Gobierno no ha aprobado aún el desarrollo reglamentario del real decreto donde se establecen las bases para la adaptación del sector de la estiba a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el año pasado dio pie a una dura huelga de los estibadores, que pusieron en jaque al sistema portuario español. Ha pasado el plazo de un año que se había establecido para desarrollarlo y el sindicato Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar ha presentado una serie de alegaciones ante el Ministerio de Fomento en las que pone de manifiesto su temor por los puestos de trabajo.

El sindicato asegura que haber agotado el plazo limita la negociación colectiva y «desvirtúa y deja sin efecto el régimen transitorio previsto». En ese primer año las empresas estaban obligadas a cubrir, al menos, el 75% de sus necesidades de personal con estibadores procedentes de las SAGEP (sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios). Pero la Coordinadora asegura que «la ausencia de norma reglamentaria ha impedido la negociación de un acuerdo sobre la garantía en el mantenimiento del empleo de las empresas que permanecen en las SAGEP». Esta situación lleva consigo que se restringen los «potenciales beneficiarios de las ayudas para trabajadores en los puertos que, al 31 de diciembre de 2016, tenían un nivel de ocupación inferior al 85%».

El sindicato cree «de obligada consideración la ampliación del plazo inicialmente dispuesto» para eliminar estos efectos negativos. Pero también advierte de que el proyecto de real decreto no tiene en cuenta uno de los preceptos de la sentencia de la UE, como es «la obligación de las empresas titulares del servicio de manipulación de mercancías a incorporar a sus plantillas a un mínimo del 25% de sus trabajadores procedentes de las SAGEP».

Otros aspectos que los trabajadores consideran que se verían limitados son la libertad sindical, la negociación colectiva y el funcionamiento de los centros portuarios de empleo, ya que no se prevé que los socios que los constituyan empleen a los estibadores en el servicio de manipulación de mercancías.

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