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P. L.
GIJÓN.
Sábado, 13 de enero 2018, 03:14
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Bernardo Canga, en su nombre y en el de la asociación Voluntarios Auxiliares en Emergencias y Medio Ambiente (Vaema), presentó ayer una nueva denuncia para instar a la Fiscalía a que investigue «a políticos y funcionarios del Ayuntamiento». Es la segunda que interpone el exjefe de la Agrupación de Protección Civil tras la decisión de Seguridad Ciudadana de asumir la gestión del servicio. La primera demanda fue archivada por el ministerio público.
«Solo la tutela de la Fiscalía puede poner coto a los desmanes administrativos que tanto perjuicio están causando a mis representados, dado que pese al tiempo transcurrido no acaban por realizar ni crear ningún acto administrativo susceptible de que podamos presentar revisión del mismo ante la jurisdicción Contencioso Administrativa», expone el abogado de Canga, Marcelino Abraira, en el documento presentado ayer en el juzgado. El letrado señala que los correos electrónicos enviados desde el área de Seguridad Ciudadana a Vaema «evidencia la posible perpetración de ilícitos penales, pues se actúa oficialmente de una manera, a sabiendas de que se contradice de forma clara con lo que venía siendo el modo de actuación municipal, sin la preceptiva fiscalización que ha de presidir su actuación».
A su juicio, puede existir prevaricación administrativa, que «puede ser cometida tanto por acción como por omisión». Además, Abraira apunta que el informe municipal que dio lugar a la municipalización del servicio y que recoge presuntas irregularidades en los gastos está «sesgado».
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