La falta de depuradora en el este vuelve por segunda vez al Tribunal de Justicia de la UE

La Comisión Europea traslada a IU que está a la espera de una resolución y que ésta puede llevar aparejadas sanciones para España

M. MORO GIJÓN.

La falta de depuradora para tratar las aguas residuales de la cuenca este ha vuelto a la justicia europea según confirmó ayer a una delegación asturiana de IU Andrew Bianco, responsable de gabinete del comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella. Bianco explicó que el asunto se remitió por segunda vez al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, el 21 de abril de 2017. En estos momentos, indicó que se está la espera de lo que pueda concluir el tribunal y que en esta ocasión podría llevar aparejadas sanciones para España, por el incumplimiento reiterado de la directiva comunitaria sobre el tratamiento de aguas residuales en 38 aglomeraciones urbanas incluida Gijón.

La eurodiputada Angela Vallina, el diputado regional Ovidio Zapico y el técnico municipal Javier Suárez Llana mantuvieron en la mañana de ayer un encuentro en la sede de la Comisión Europea para abordar, entre otras cuestiones, la situación de la depuradora del este (EDAR Gijón Este), así como otras relativas a la calidad del aire.

Suárez Llana, asesor en el grupo municipal de IU en Gijón y miembro de la dirección autonómica de IU, recabó información sobre qué grado de conocimiento tenía la comisión sobre los episodios de contaminación atmosférica y marina. En el trasfondo, se encuentran las discrepancias sobre las estaciones de medición de la polución, ante las diferencias de los valores registrados por la red del Principado y la estación móvil del Ayuntamiento de Gijón.

El ministerio aguarda un permiso judicial para ordenar a Tragsa que active los filtros del Pisón

El más joven de la delegación de IU y expresidente del Conseyu de Mocedá recalcó, tras el encuentro, que se acaba el tiempo para poder tomar medidas que garanticen el cumplimento de la normativa medioambiental o, en caso contrario, la Comisión Europea llevará a España a los tribunales europeos y le impondrá cuantiosas multas económicas.

Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente aguarda desde hace meses una autorización definitiva de la Audiencia Nacional para ordenar a la empresa pública Tragsa que active las líneas de desarenado y desengrasado que incluye la nueva planta paralizada judicialmente desde abril de 2016, en El Pisón. El recurso presentado por el abogado de la colonia de chalés colindante, Marcelino Abraira -que se opone a la utilización de esos filtros de pretratamiento y reclama la demolición de la depuradora construida-, está retrasando la puesta en servicio parcial de la controvertida instalación de saneamiento. En paralelo también se está elaborando un nuevo estudio de impacto ambiental para tratar de salvar una planta que ha costado más de 36 millones de euros.

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