El gijonés que destapó la mafia policial

El inspector de la Policía Nacional, Rubén Eladio López, a la derecha, junto a los toreros Juan José Padilla y 'El Fandi', en la plaza de toros de El Bibio, en 2015, durante la celebración de la feria de Begoña. / DANIEL MORA
El inspector de la Policía Nacional, Rubén Eladio López, a la derecha, junto a los toreros Juan José Padilla y 'El Fandi', en la plaza de toros de El Bibio, en 2015, durante la celebración de la feria de Begoña. / DANIEL MORA

El inspector Rubén Eladio desveló la trama corrupta del comisario Villarejo

RAMÓN MUÑIZ / OLAYA SUÁREZ GIJÓN.

En el epicentro de la 'guerra sucia' del Ministerio del Interior, en esa cadena de irregularidades de las que se acusan mutuamente altos mandos policiales implicados en los casos más sonados de los últimos años, se encuentra Rubén Eladio López Martínez. Gijonés del 75, antiguo alumno del Colegio de La Inmaculada y con cuatro licenciaturas, es conocido en la noche de la ciudad y en entornos taurinos. Accedió a la Policía Nacional pasados los 30 años, para seguir los pasos de su padre, Eladio López Caleffa -el que fuera jefe de la Unidad de Policía judicial adscrita al Juzgado- y de su hermano, quien desempeñó durante años labores de seguridad al Jefe de Estado.

Inspector de la Policía Nacional de 42 años, López ha formado parte de importantes operativos contra el crimen organizado pero su trabajo más delicado lo desarrolló entre 2015 y 2017. Era entonces jefe del IX grupo de Asuntos Internos. Por orden del magistrado Arturo Zamarriego, trabajó junto al comisario Marcelino Martín-Blas en la investigación a Francisco Nicolás Gómez (el 'pequeño Nicolás'). Las pesquisas les llevaron a una posible trama en la que altos mandos cometían supuestas irregularidades. Se atrevieron a apuntar al comisario José Manuel Villarejo Pérez, entonces muy influyente, hoy en prisión. Tras proponer actuaciones contra él y otros superiores, ha sido reubicado en la inspección de guardia de una comisaría, decisión forzosa que le ha llevado a denunciar a la Dirección General de la Policía, asistido por sus abogados gijoneses Javier Díaz Dapena y Viliulfo Díaz Pérez.

El 'caso Nicolay' supuso el inicio de lo que su representante legal considera una degradación. El 'pequeño Nicolás' se hacía pasar por agente del CNI con buenos contactos para supuestamente embaucar a empresarios. Un asunto de medio pelo que pronto se volvería más turbio.

Tras su detención, Gómez reconoce que días antes un agente le llamó y previno que su teléfono no era seguro y le estaban investigando. En la agenda del sospechoso el gijonés encuentra el teléfono de Villarejo, comisario mezclado en asuntos tan dispares como el terrorismo, Corinna Zu Sayn Wittgenstein, los Pujol o el ático del expresidente regional Ignacio González. El registro de llamadas acredita un intenso contacto del mando y el supuesto estafador. El magistrado-juez ordenará su imputación. El caso dará un vuelco cuando el 'pequeño Nicolás' presente al magistrado una grabación realizada el 20 de octubre de 2014 en el despacho del propio Martín-Blas, mientras éste y el inspector López discutían detalles del caso con agentes del CNI. Los investigadores se descubrieron entonces investigados. La grabación permitía al imputado poner en cuestión a los agentes iban tras él.

La cinta de la polémica

El magistrado abrió una pieza separada para averiguar quién y cómo había sido grabado su policía. Interior, sin embargo, va en otra dirección. Destituye a Martín-Blas como jefe de Asuntos Internos y ofrece relevarle en la 'operación Nicolay'. El movimiento dispara la desconfianza del juez Zamarriego, al punto de que, para proteger al comisario y al gijonés, los constituye junto a sus hombres en comisión judicial, con el deber de «comunicar directa y exclusivamente a este Juzgado de Instrucción el resultado de las actuaciones que practiquen en el marco de estas diligencias sin tener que dar cuenta de ello a sus superiores jerárquicos». La medida evidencia el temor de que el 'pequeño Nicolás' estuviera recibiendo ayuda de parte de la jerarquía policial.

El asturiano seguirá tirando del hilo, encontrando nuevas resistencias. En tres ocasiones el fiscal solicita al juez que aparte al comisario y al inspector «por carecer ambos de la imparcialidad necesaria». Sostiene que Martín-Blas tiene una enemistad con Villarejo, y que el gijonés mantuvo una «conversación impropia» con Nicolás en los pasillos del juzgado. El titular de Instrucción 2 de Madrid rechaza la idea y defiende a su equipo. En su auto, recuerda que de la supuesta conversación «improcedente» hay versiones contradictorias, que lo de la cinta lo sabían desde hacía meses y «no es de recibo que por el Ministerio Fiscal se cuestione ahora la imparcialidad» de los agentes. En definitiva, los policías «vienen desarrollando su cometido con dedicación plena y a entera satisfacción de este juez instructor». El juez llega a proponer a la Dirección General de Policía que conceda la medalla al mérito al inspector gijonés.

Los indicios apuntarán alto. Tanto que propondrán interrogar a José Ángel Fuentes Gago, que ejerce entonces de jefe de gabinete del director adjunto operativo, Eugenio Pino, cuya declaración también solicitan. Son superiores, pero los investigadores creen que están relacionados con los intentos de para sacarles a ellos del caso y los apoyos con que juegan el 'pequeño Nicolás' y Villarejo. La guerra entre comisarios se recrudece. Dos medios de comunicación publican que el Villarejo es dueño de un emporio de empresas sospechosas. Fuentes Gago denuncia a Martín Blas.

Cambio de juez

En la pasada primavera todo se precipita. A Martín-Blas le llegará la jubilación. Al magistrado, una plaza en la Audiencia Nacional que dejará el caso en manos de la jueza Pilar Martínez Gamo. Rubén Eladio López se queda al frente de la comisión cuando toca firmar los informes más sensibles y sin el amparo de Zamarriego.

Pese a ello, sus atestados sugerirán que Nicolás trabajaba para Villarejo, que el polémico comisario está detrás de la grabación sospechosa y su objetivo era sabotear el caso para proteger, de paso, a un empresario amigo que tenía tratos con el 'pequeño Nicolás' «Con objeto de determinar la existencia, participación y alcance del delito de revelación de secretos y sus conexos, por parte de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad», ha estudiado a fondo los teléfonos de Nicolás, refleja en el atestado. «Se ha podido acreditar conductas delictivas en los siguientes individuos», añade, antes de listar a parte de su propia jerarquía.

El gijonés se arriesga y tropieza con la instructora. La magistrada decide archivar la pieza que investigaba el origen de la cinta, se desentiende del informe al considerar que trata de hechos ajenos al 'caso Nicolay', y pone fin a la comisión judicial. Comienza el descenso a los infiernos. Interior releva a López, destinándole a un puesto de inferior categoría, a lo que reaccionará buscándose abogado y sindicato.

La batalla parecía perdida cuando a finales de noviembre estalla la noticia. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la Policía Nacional detiene a Villarejo. El detonante es una denuncia anónima de un exagente del CNI reflejando delitos idénticos a los que, en parte, apuntaban los informes del gijonés.

La historia sigue en los tribunales. Hay una causa abierta en la que Martín-Blas y el gijonés acusan a Villarejo, el periodista Eduardo Inda y otros de injuriarles para obstaculizar el caso. Rubén Eladio López declarará el miércoles en otro proceso contra Nicolás Gómez. Este periódico se ha intentado poner en contacto sin éxito con el inspector asturiano.

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