El gobierno local da por hecho que el PGO quedará aprobado antes de final de año

Encuentro de Moriyón y Couto con el nuevo presidente de la CAC-Asprocon y su directiva. /  ARNALDO GARCÍA
Encuentro de Moriyón y Couto con el nuevo presidente de la CAC-Asprocon y su directiva. / ARNALDO GARCÍA

Concluidos los dos años de suspensión de licencias, la norma de aplicación es el Plan Rañada de 1999 hasta que esté listo el nuevo

M. MORO GIJÓN.

El gobierno local da por hecho que la revisión en curso del Plan General de Ordenación (PGO) quedará aprobada de forma definitiva antes de final de año. En concreto, la previsión es que eso se produzca durante el último trimestre. El concejal de Urbanismo, Fernando Couto, considera que la mayoría de la oposición que hasta ahora ha ido votando a favor de las sucesivas versiones del documento urbanístico comparte con el equipo de gobierno el objetivo de que la tramitación quede culminada en 2018.

El planteamiento es agilizar todo lo que se pueda a partir de este momento para evitar que un asunto de interés general para el municipio pueda enturbiarse si la aprobación se alarga hasta 2019, que es año electoral. Cabe recordar en este punto que el último Plan General anulado por los tribunales, el 'Plan Sanjurjo' de 2011, salió adelante en un Pleno a escasos días de los comicios municipales.

Mientras el gobierno local empieza ya atisbar la recta final del camino en la tramitación del PGO, las complicaciones le han sobrevenido por la caducidad esta semana de los dos años de plazo máximo previstos legalmente para la suspensión de licencias en varios ámbitos del municipio.

Desde la aprobación inicial del documento urbanístico (la primera vez que éste pasó por el Pleno en febrero de 2016) la suspensión cautelar de licencias posibilitaba solo la tramitación de desarrollos o licencias si existía compatibilidad simultánea entre la ordenación urbanística vigente (Plan Rañada de 1999/2002) y en la revisión de 2016.

Una vez cumplidos los dos años se extinguen los efectos de la suspensión de licencias de edificación y parcelación que afectaban a decenas de fincas de la zona rural gijonesa y más de un centenar de unidades de actuación en todo el municipio. Una de las fincas que ha quedado liberada de la suspensión de licencias es La Formigosa en Somió, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social, con quien el Ayuntamiento no acaba de cerrar el acuerdo para su compra.

Esta caducidad de plazo también conlleva también que hasta la aprobación definitiva del nuevo planeamiento, la norma de aplicación para el urbanismo gijonés, ante cualquier solicitud de licencia, será el último Plan Rañada, que tiene casi 20 años.

Solicitud de indemnizaciones

Esta circunstancia puede dar pie a situaciones curiosas. La directora general de T-Crea, Purificación García, reconoce que puede ocurrir que alguien solicite alguna licencia que no cumpla o contradiga con el PGO que está por venir y que solo se ajuste al Plan Rañada. No obstante, García señala que en general el PGOU de 1999 «es más restrictivo» que el que el planeamiento en revisión.

Ante posibles conflictos con las parcelas de la zona rural, desde el equipo redactor del PGO se apunta que la legislación urbanística autonómica sobre la ordenación del suelo, que es posterior al Plan Rañada, ejercerá de «cortafuegos» ante determinadas peticiones de una norma desfasada.

«El ROTU y el TROTU restringen el uso residencial a parcelas incluidas en núcleos rurales y fuera de ellos solo admite edificaciones agrarias vinculadas a una determinada explotación», explican estas fuentes.

El abogado de la Federación Rural Les Caseríes, Antonio García, considera que «hay analizar caso por caso y no se puede generalizar» con el escenario que se abre a partir de ahora. No obstante, el letrado apunta a que el levantamiento de la suspensión de licencias abre la espita para que quienes se sientan damnificados solicitar indemnizaciones a la administración por su exclusión del otorgamiento de licencias en estos dos años.

Arquitectos y urbanistas consultados consideran que va a haber propietarios que intenten favorecer sus intereses con la atípica situación urbanística creada por la tardanza en la aprobación definitiva del PGO. No obstante, también opinan que el Ayuntamiento dispone de «mecanismos» para que no salga adelante algo que vaya en contra del nuevo.

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