Principado y Universidad se vuelven a enzarzar por el grado de Organización Industrial

El consejero de Educación, Genaro Alonso.
El consejero de Educación, Genaro Alonso, junto a Guillermo Martínez. / PABLO LORENZANA

Genaro Alonso pide un nuevo plan académico para autorizar el título y el rector dice que está a la espera de que Educación responda a sus alegaciones

LAURA MAYORDOMO OVIEDO.

El sí definitivo de la Consejería de Educación al grado de Ingeniería de Organización Industrial se hace esperar, mientras Principado y Universidad de Oviedo parecen no ponerse de acuerdo sobre a quién corresponde dar el próximo paso. La institución académica dice que es el Gobierno regional quien debe contestar a su escrito de alegaciones, presentado a principios de enero. La consejería, que es la Universidad quien ha de presentar una nueva propuesta de implantación del grado. Mientras tanto, el tiempo pasa y el rector, Santiago García Granda teme ya que la carrera no pueda ofertarse el próximo curso, como era su intención. El consejero de Educación, por su parte, dice no estar preocupado por un posible retraso: «Lo importante es que venga para quedarse», dijo ayer en referencia a estos estudios.

«Esperamos y deseamos autorizar esa titulación», subrayó Genaro Alonso, que condicionó la aprobación de su departamento a que la Universidad de Oviedo presente una nueva propuesta en la que «atienda a las consideraciones del informe de la Dirección General de Universidades» que el pasado 27 de diciembre rechazó la implantación de estos estudios en la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón.

La Consejería de Educación considera que el informe de alegaciones que presentó el pasado mes de enero la Universidad no es suficiente para avanzar hacia la definitiva autorización del grado. A su juicio, son necesarias modificaciones y ampliaciones en lo relativo al proyecto académico y económico. «No son cuestiones de capricho, sino sujetas al principio de legalidad y a los requisitos exigidos en el decreto que regula las nuevas titulaciones», manifestó Alonso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del Principado. Entre los aspectos que se deberían corregir, señaló la necesidad de contar con una memoria económica más detallada y un aumento del volumen de materias específicas de este grado, ya que se considera insuficiente el 27% de créditos propios planteados en la propuesta inicial. «Confío en que podamos autorizarlo cuando veamos esa propuesta con las modificaciones que entendemos pertinentes».

Para ello emplazó a una nueva reunión de la comisión paritaria sobre nuevas titulaciones que se constituyó la semana pasada, según él, «con espíritu de diálogo y la mayor lealtad institucional posible». Fue en esa reunión donde, afirmó Alonso, «se convino la necesidad de presentar otra propuesta que contenga los requisitos mínimos exigibles» para la aprobación del grado.

«No está bien informado»

«Creo que no está bien informado de lo que se trató en esa reunión», replicó el rector. Santiago García Granda sostiene, en cambio, que en aquel encuentro «en ningún momento se planteó esa petición. «Se informó de las titulaciones que estamos estudiando, se acordó la estrategia para futuras reuniones y se informó a los miembros de la comisión de que se contestaría a las alegaciones presentadas por la Universidad. No se dijo en qué sentido, aunque se insinuó que sería positivo, pero lo que sí se dijo es que se iban a responder».

A esa contestación se refiere el rector cuando dice, convencido, que «ahora mismo la Universidad no puede hacer más» y que «la pelota está en el tejado del Principado. Creo que tenemos derecho, aunque solo sea por una cuestión de educación, a que nos envíen esa respuesta».

También lamentó el rector que «la posición que están teniendo ahora mismo no es ni sensible ni razonable con las aspiraciones de la Universidad y de todos los agentes que están reclamando esta titulación en Asturias».

Así las cosas, Santiago García Granda reconoce «cada día que pasa es más complicado» que la EPI pueda ofertar este grado el próximo curso, como se pretendía. Y eso porque, tras la aprobación del Principado, aún quedaría otro trámite: el del visto bueno de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA); trámite que rondaría los seis meses. «Estaríamos ya casi fuera, pero no perdemos la esperanza. Esperamos que la otra parte, que debería ser la misma parte», dijo el rector refiriéndose al Principado, «sea razonable».

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