El Grupo pide ratificar los acuerdos anulados «para evitar daños al club»

Miguel Ron y Jesús Martínez, en la sede del Grupo en el Paseo de Begoña.
Miguel Ron y Jesús Martínez, en la sede del Grupo en el Paseo de Begoña. / AURELIO FLÓREZ

Argumenta que rectificar lo aprobado sobre subida de cuotas pondría en jaque cerca de medio millón y podría abrir nuevos «frentes judiciales»

E. C. GIJÓN.

El Real Grupo de Cultura Covadonga confió ayer a su gerente, Jesús Martínez y al abogado de la entidad, Miguel Ron, la explicación de la necesidad de ratificar el próximo jueves, día 24, en la asamblea general convocada al efecto, los acuerdos anulados por sentencia del Tribunal Supremo, sin duda para hacer hincapié en el carácter técnico de las decisiones y desvincular el voto de lo que pueda significar apoyo o rechazo a una junta directiva, sea la actual o la anterior.

Ambos profesionales trabajaron con las dos últimas directivas y coincidieron ayer en señalar que el voto negativo a la ratificación de los acuerdos aprobados en su día solo tiene sentido si el objetivo es dañar al club, ya que propiciaría que cualquier socio reclame la devolución de las cuotas que quedarían sin aprobación y se abrirían «cantidad de frentes judiciales».

Martínez y Ron evitaron dar cifra concreta sobre la cuantía de las cuotas que se estarían aplicando sin aprobación, pero, habida cuenta de que el Grupo ingresa aproximadamente 7,3 millones al año por cuotas sociales, y que en las asambleas anuladas se aprobaron subidas próximas al 4%, en total, serían cerca de medio millón de euros los que quedarían en el aire, sujetos a reclamación individual.

Más que detallar las consecuencias de enmendar ahora lo aprobado en su día, que es algo en lo que Martínez y Ron parecen no querer ni pensar, los citados defendieron que el voto afirmativo permitiría pasar página con una fórmula, la repetición de las asambleas anuladas, que viene impuesta por la misma sentencia judicial.

Sobre la circunstancia de que la resolución del Supremo no se hubiera producido si la directiva hubiera supeditado la retirada de su recurso a que la plataforma de antiguos socios del Centro Asturiano hubiera hecho lo mismo, Miguel Ron explicó que hubo negociación a tal efecto, pero «fue inviable un acuerdo». No obstante, Miguel Ron señaló que la actual directiva hizo bandera de la desjudicialización de la vida grupista en su campaña electoral, se encontró a su llegada con que los antiguos socios del Centro Asturiano ya habían sido dados de alta y con un mandato de la asamblea de ejecutar la fusión, ya que el contrario de 2009 estaba anulado por los tribunales, así que obró en consecuencia. Añadió, además, que el recurso presentado por el Grupo no cuestionaba la fusión, sino que pretendía la validez de las condiciones suspensivas, que a día de hoy están cumplidas, así que el mantenimiento del recurso, e incluso su resultado, sería a efectos prácticos irrelevante.

Demanda de Aller Celemín

En otro orden de cosas, el letrado grupista indicó que aplicar la salvaguarda a los terceros de buena fe en el caso de la readmisión de Felipe Aller Celemín no es posible porque «no es tercero» y siguió actuando como socio, en algunos documentos, a pesar de haber sido expulsado.

Aller Celemín anunció ayer su intención de presentar una demanda contra el Grupo, con petición de medidas cautelares, a fin de poder participar en la asamblea convocada para el próximo dos de septiembre, en la que serán votados los presupuestos.

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