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PALOMA LAMADRID
GIJÓN.
Lunes, 18 de diciembre 2017, 00:56
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En menos de tres semanas, cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad, fueron víctimas de ataques sexuales en la ciudad. En ese período de tiempo -entre finales de junio y mediados de julio de este año- también tuvo lugar la brutal paliza que dejó a Germán Fernández con graves lesiones neurológicas de las que aún lucha por recuperarse. Son algunos de los casos violentos más sangrantes ocurridos en los últimos tiempos en Gijón -con la excepción de los homicidios-, pero no los únicos. Y eso a pesar de que «es la ciudad más segura de España estadísticamente», según el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio.
Los seis grupos municipales coinciden en la conveniencia de adoptar ciertas medidas para reducir las agresiones. Todos están de acuerdo en que una mayor presencia policial en las zonas de ocio nocturno ayudaría a prevenir actos violentos de diferente naturaleza. «Desde 2013, el Ayuntamiento podría haber repuesto el 100% de las jubilaciones de policías locales», afirma el portavoz del grupo municipal socialista, José María Pérez, que también afea que «hay varias decenas de plazas de policías nacionales sin cubrir». Un tema que el PSOE ha puesto sobre la mesa en la junta local de seguridad «y del que el gobierno de Foro pasa porque no reclama al Ministerio (de Hacienda)» poder realizar estas contrataciones.
Porque Aparicio asegura que el Ayuntamiento está atado de pies y manos en cuanto a la convocatoria de puestos de trabajo de efectivos policiales por las restricciones que impone la Ley de Presupuestos Generales del Estado. «Es una excusa que solo es parcialmente verdad porque esta normativa permite que se cubran todas las plazas en el ámbito policial», añade Pérez. También critica que el Ayuntamiento «no presta la atención debida al cumplimiento de los horarios de cierre de los locales de hostelería». Aparicio indica que hay «gran cantidad de sanciones por superar los horarios» y en algunos casos son reincidentes. «Pero el incumplidor reiterado en Gijón termina con el local cerrado al final del procedimiento», afirma.
Eso sí, confirma que los establecimientos hosteleros de la ciudad «tienen unos horarios más amplios» que en otras de similares características. Aunque esta circunstancia, según el concejal de Seguridad Ciudadana, no es definitiva: «Por dar una de cal y otra de arena, tengo que decir que otros municipios más estrictos en este tema tienen índices de conflictividad superiores». En contra de lo que sostiene Pérez, Aparicio asegura que solicitó a Hacienda permiso para incrementar las plantillas de la Policía Local y bomberos, con resultado negativo.
En cuanto a las medidas a adoptar para mejorar la seguridad, el Ayuntamiento aplica las marcadas por los técnicos del Ministerio del Interior. Por ejemplo, la instalación de barreras de retención física en eventos multitudinarios, incluidas en las acciones contra el terrorismo yihadista. El tema de las cámaras de videovigilancia, sin embargo, es controvertido. En la ciudad «ya hay muchas» y el equipo de gobierno proyecta mejorarlas «en cantidad y calidad» una vez que esté construida la nueva Jefatura de Policía Local, donde estará la sala que coordinará estos dispositivos.
El único grupo que se ha mostrado a favor de instalar más cámaras es Ciudadanos. Su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, señala que «no es algo coercitivo, pero da cierto respeto». El Ayuntamiento ha encargado a los técnicos municipales un estudio económico y otro jurídico para implantar más equipos en las calles. En su opinión, habría que vigilar más en zonas como Fomento, donde se concentra gran parte del ocio nocturno «y donde se han dado casos de violencia, por eso pedimos que se instalen cámaras ahí».
Asimismo, Fernández Sarasola hace hincapié en la importancia de reforzar el ocio alternativo para que los jóvenes tengan otras opciones a salir de copas y controlar que las normativas de horarios y venta de alcohol a menores se cumplan. «Hay que abrir varios frentes», añade. IU y Xixón Sí Puede coinciden con el portavoz de Ciudadanos en el beneficio de implementar medidas educativas y de sensibilización para reducir los actos violentos. «Proponemos crear una mesa con vecinos, hosteleros y jóvenes para construir un espacio de consenso entre el derecho a descansar y a divertirse», apunta el portavoz de IU, Aurelio Martín. Medida que podría complementarse con «el desarrollo de programas de consumo responsable y de reducción de riesgos», que podrían llevar a cabo mediadores, como también plantea el Conseyu de Mocedá de Xixón. En cuanto a la presencia policial, Martín indica que es beneficiosa de forma preventiva, «pero no se trata de pedir el DNI a todo el que pasa por la calle».
Por su parte, el portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, aboga por llevar a la práctica una iniciativa que ya salió a relucir en un Pleno. «Un decálogo de buenas prácticas elaborado entre el Ayuntamiento y los hosteleros», ya que estos últimos, «aunque no pueden controlar la situación, sí pueden ayudar a generar entornos más seguros e impedir agresiones machistas», apunta. Aunque destaca la importancia de las medidas preventivas, señala la necesidad de «contar con un número suficiente de policías para que intervengan en conatos de violencia, cuando no queda más remedio».
La solución para el portavoz del grupo municipal del PP es, precisamente, que haya «una presencia más visible y amplia de la Policía Local en las zonas más conflictivas». Asimismo, Mariano Marín considera favorable habilitar «un dispositivo de coordinación entre los porteros de los establecimientos hosteleros y la Policía Local para que estén en comunicación continua». «Si podemos hacer estas dos cosas, tenemos mucho ganado porque se crea un efecto disuasorio y se genera más seguridad».
Las medidas de seguridad en las zonas de ocio afectan, como es lógico, a los hosteleros. La patronal del sector ve con buenos ojos aumentar la presencia policial. «Lo más disuasorio es la presencia policial. Los hosteleros queremos que la gente salga tranquila y una pareja de policías paseando es lo mejor. Y, por supuesto, con la colaboración de todos los locales que tengan personal para el control de accesos», señala Javier Martínez, vicepresidente de Otea y socio del Grupo Gavia, propietario de varios locales en Fomento.
En el otro extremo se sitúan los hosteleros de Cimavilla, que no están conformes con aumentar el control policial. Una vigilancia que ha contribuido, explican, a la pérdida de clientela en los locales del barrio alto. «Es excesivo que vayan a cerrar un bar tres patrullas por el volumen de la música, como si no fuese suficiente con una y no se pudiesen quedar las otras dos en un lugar más problemático», manifiesta Jorge Caballero, encargado de La Corrada.
En opinión de Isabel García, camarera del Babilonia, «los policías están en las plazas a unas horas que no son las más concurridas. Esto perjudica a los hosteleros y no crea seguridad». Para Daniel Calvelo, copropietario del Rub A Dub, «las redadas se han hecho para intentar acabar con el ocio nocturno en el barrio y trasladarlo a otras zonas donde la seguridad quizás si es un problema».
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