La instructora del Tribunal de Cuentas niega irregularidades en la ampliación de El Musel

Obras de la ampliación del puerto de El Musel, en 2010. / PALOMA UCHA
Obras de la ampliación del puerto de El Musel, en 2010. / PALOMA UCHA

Ve legal el cargo del 19% como gastos y beneficio industrial en varios apartados de la liquidación y el aumento de precio del material de cantera

MARCO MENÉNDEZ GIJÓN.

El 'Informe de fiscalización en la ejecución por la Autoridad Portuaria de Gijón del proyecto de ampliación del puerto de Gijón, ejercicios 2012 y 2013', elaborado por María Corazón Mira, instructora del Tribunal de Cuentas, rechaza que haya algún tipo de irregularidad en la liquidación de la obra portuaria, contradiciendo así la postura de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que no están conformes con tres puntos de esas cuentas. Su conclusión es clara: «No procede el pronunciamiento en las presentes actuaciones previas de un alcance en el sentido técnico».

El procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas es de reintegro por un presunto alcance como consecuencia de presuntas irregularidades contables, asunto para el que la Autoridad Portuaria había solicitado el archivo de las actuaciones. Tanto el fiscal como el abogado del Estado defienden que hubo un sobreprecio de casi 133 millones de euros por el incremento de los precios previstos en los materiales procedentes de canteras, que se modificó el contrato de la asistencia técnica de la obra y se incluyó el 19% por gastos generales y beneficio industrial a favor de la constructora, y que lo mismo ocurrió con el convenio firmado con la Fundación Empresa Universidad de Granada para elaborar el proyecto 'Experimentación 3D en modelo físico de los tramos del dique exterior para la ampliación del puerto de Gijón'.

Todas estas supuestas irregularidades son rechazadas por la instructora del informe de fiscalización. Sobre la primera de ellas, indica que el sobreprecio de determinados materiales no constituye un «hecho por sí solo que deba ser calificado como un supuesto de responsabilidad contable por alcance». Apunta que «se justifica, además, por circunstancias reales que han quedado acreditadas», como fueron la demora en la apertura de las canteras y las condiciones meteorológicas adversas que destruyeron parte de lo ya construido. Igualmente, advierte de que se han acreditado todos los pagos realizados a la constructora.

«No procede el pronunciamiento de un alcance en sentido técnico»

Sobre la asistencia técnica, la instructora razona la modificación del contrato en la ampliación del plazo de la obra y la necesidad de incrementar la seguridad, quedando todo ello incluido en el proyecto modificado de la ampliación portuaria. Por tanto, es correcta la aplicación del 19% de gastos y beneficio industrial aplicado a los abonos correspondientes. Y lo mismo ocurre con lo referido al convenio con la fundación de la universidad granadina.

En realidad, la propia consejera del Tribunal de Cuentas que lleva el procedimiento, Margarita Mariscal de Gante, que decidió continuar las actuaciones, lo hizo solo «a fin de no cerrar injustificadamente el acceso a esta jurisdicción con la consiguiente lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» y al hecho de que tanto el abogado del Estado como el fiscal manifestaron «de manera inequívoca su voluntad de que continúe el procedimiento».

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