El juez descarta que la obra de una casa hundiera la ladera de Sotiello en 2015

Vivienda de uno los demandantes, que fue declarada en ruina tras el incidente de febrero de 2015. / CITOULA
Vivienda de uno los demandantes, que fue declarada en ruina tras el incidente de febrero de 2015. / CITOULA

Absuelve a la propietaria, técnicos y constructora de una demanda civil de 384.000 euros al dar validez a un estudio geotécnico municipal

M. MORO GIJÓN.

El juzgado de Primera Instancia número 7 descarta que las obras de rehabilitación de una vivienda unifamiliar en Sotiello (Cenero) fueran la causa del deslizamiento de una ladera que obligó a desalojar a nueve vecinos en febrero de 2015. El magistrado Rafael Climent ha dictado sentencia absolutoria para la propietaria de la casa, los técnicos y la constructora que intervinieron en esa reforma llevada a cabo cien metros más abajo, al pie del talud de la ladera que se hundió. Tres de los afectados por el incidente, que vieron cómo sus viviendas de dos plantas eran declaradas en ruina, les demandaron al considerarles responsables del argayo con una reclamación por daños de 384.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar en un pequeño núcleo poblacional en el Camino de Los Caños y a tres viviendas unifamiliares del denominado Camín de Les Corrades. El Ayuntamiento ofreció entonces una solución personalizada para cada familia afectada y encargó un estudio geotécnico.

Durante el procedimiento judicial se manejaron hasta seis informe periciales de arquitectos y geólogos tratando de explicar las causas del corrimiento de tierras de Sotiello, pero el juez solo da validez o mayor eficacia probatoria a uno de ellos. Se trata de un estudio de Geólogos de Asturias (Geoda) que el Ayuntamiento encargó para analizar lo sucedido tras el incidente y que fue la base para que el gobierno local invirtiera 200.000 euros para estabilizar la ladera con medidas correctoras. La principal de ellas fue la instalación de dos pantallas de micropilotes: una junto a la carretera y otra en la antojana de las casas.

Geoda determinó que la causa fue la elevación del nivel freático por las fuertes lluvias

El dictamen de Geoda en que fundamenta el magistrado su fallo declara expresamente que «la construcción de la nueva vivienda disminuye el factor de seguridad de la ladera en el tramo inmediato a la misma, pero no es la causa, en modo alguno, del deslizamiento que podemos asegurar que se produce por elevación del nivel freático, tras un periodo de precipitaciones intensas». Esto es que el deslizamiento de la ladera se habría producido por la infiltración en el terreno del agua de lluvia de forma reiterada.

De los seis dictámenes periciales, el juzgador considera que «tiene una mayor fiabilidad» el emitido porque fue encargado por el Consistorio antes del procedimiento judicial. La sentencia destaca que se emitió «en una fase inicial del desastre sufrido por los demandantes, inmediatamente después de que se produjera el corrimiento de tierras, con el consiguiente desalojo de sus viviendas y las de otros vecinos, y la declaración municipal de ruina de las mismas». Y prosigue: «Dicho dictamen se emitió por cuenta del Ayuntamiento de Gijón, que ningún interés tiene en este asunto, pues lo único que pretendía era solucionar una cuestión urgente que afectaba al orden público municipal». Esta circunstancia es motivo suficiente, según el magistrado Rafael Climent, para apreciar «mayor objetividad o neutralidad», y por ende «mayor fiabilidad», en este estudio frente a otros cinco informes que fueron realizados a instancias de cada una de las partes en litigio. Los de los demandantes acusaban a las obras para rehabilitar una vivienda unifamiliar del desastre, aduciendo que la retirada de la base de la colina provocó el descalzamiento del talud y el corrimiento de las tierras, algo que la sentencia ahora descarta.

A mayor abundamiento, el juzgado de Primera Instancia número 7 remarca en su sentencia que la entidad Geoda «ha realizado una valoración correcta y acertada de cuáles fueron las causas del corrimiento de tierras». El juez afirma que si se parte de que las soluciones técnicas ejecutadas a partir de las propuestas de este estudio -los micropilotes- han conseguido que los deslizamientos de terrenos se detuvieran, hay que concluir también que la causa invocada era la correcta. «En caso contrario, habrían continuado las avalanchas, grietas del terrenos y desprendimientos varios», añade.

Costas para los demandantes

Además de desestimar la demanda interpuesta, el magistrado impone importantes costas procesales a los demandantes. Según el abogado de la aseguradora de la constructora demandada, Luis Roza, «la sentencia cierra la posibilidad a un recurso de apelación o al menos a uno que pueda prosperar». «Como es una cuestión técnica y científica, el juez hace una valoración de la prueba con arreglo a los criterios de la sana crítica ayudado por el principio de inmediación. Nuestra Audiencia, con criterio unánime, establece que esa valoración que hacen los jueces de instancia, salvo que haya error evidente que no es el caso, no se puede suplir o variar en apelación», razona el letrado.

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