El juzgado reitera que ningún inquilino legal de La Camocha será desalojado

Desarma la versión de un desahucio masivo y garantiza la vivienda para los matrimonios mineros y sus hijos

P. SUÁREZ GIJÓN.

Los mineros de Mina La Camocha jubilados, sus esposas o viudas y los hijos de estos últimos pueden estar tranquilos: resulta totalmente imposible que sean desalojados de sus casas, tal y como ratifica el juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, que ya en su día afirmó estar cumpliendo con lo estrictamente estipulado por la ley.

De esta manera, pese a que los terrenos del poblado minero de La Camocha salgan a subasta de cara a paliar las deudas contraídas por la mina, el contrato original establecido por la empresa con los arrendatarios oficiales se mantendría en vigor, tal y como indica la ley. De las actuales 37 viviendas que conforman el poblado, 22 se encuentran ocupadas por arrendatarios con derecho legal para ello, mientras los ocupantes de otras 13 no han podido acreditar su derecho de ocupación tal y como se les exigía. Son estos últimos los que se exponen a un desalojo que tendría su base legal en el hecho de que no se trata de los inquilinos a los que originariamente la compañía minera alquiló los inmuebles, y por tanto no tienen ninguna potestad sobre la casa.

Inquilinos 'no oficiales'

La mediación vecinal, que continúa buscando la forma legal de manter en sus viviendas a todas las familias del poblado de La Camocha, se valía de un teórico desahucio de las personas mayores que viven en la zona para dar fuerza a su propósito.

Sin embargo, desde el juzgado inciden en la inviabilidad de estas acciones y ratifican a los inquilinos oficiales como los 'dueños' de las viviendas debido al carácter vitalicio de los contratos que en su día cerraron con la mina.

Ante la necesidad de liquidez para hacer frente a las deudas, lo que la administración concursal sí que tiene pleno derecho a hacer es poner a la venta el terreno. El hipotético comprador del mismo deberá respetar a los arrendatarios y no podrá realizar ningún cambio en sus viviendas (demolición, reforma...) hasta el vencimiento del citado contrato. Ahora la pelota vuelve al tejado de la mediación vecinal, que debe buscar la vía para evitar lo que parece un desalojo inminente de los inquilinos 'no oficiales' del poblado, quienes, según el Juzgado, no tienen permitido continuar disfrutando de unas condiciones de arrendamiento que no les corresponden.

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