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olaya suárez
Miércoles, 20 de junio 2018, 21:11
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«Cada uno de los 300 afectados tenemos una historia personal distinta, unas más graves que otras, pero todas importantes. Desde una señora que lleva un año comiendo papilla porque le extrajeron todas las piezas dentales a personas que están sin trabajo y no pueden buscarlo porque nadie contrata a alguien a quien le faltan cinco dientes...». Los perjudicados por el cierre de la clínica iDental mantuvieron en la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento un encuentro con los representantes de los grupos municipales para trasladarles la «complicada situación» a la que se enfrentan y reclamar el apoyo de los organismos públicos.
Fruto de esa reunión, las formaciones políticas firmarán en el Pleno municipal de la próxima semana una declaración institucional para mostrar su respaldo a los damnificados por la clausura de la clínica dental, ubicada en la avenida de Los Campones, en Tremañes. La mayoría de los damnificados tiene en vigor un contrato con una financiera que sigue cobrando las mensualidades por unos servicios que no están recibiendo. La plataforma de perjudicados tiene contabilizados en Asturias unos trescientos usuarios afectados, si bien el número podría ascender a unos setecientos.
Jesús López, portavoz del colectivo, señaló al término de la reunión que entre los objetivos principales están «conseguir los historiales clínicos de cada paciente y paralizar la anulación de los pagos con la entidad financiera, dado que no estamos recibiendo el tratamiento acordado». «Ha sido una estafa a gente sin recursos», añadió para, a continuación, solicitar «un peritaje profesional a los afectados por parte del Colegio de Odontólogos».
Perjuicios psicológicos
Otro de los perjudicados, Javier Quiroga, abundó en el perjuicio «psicológico» que les está ocasionando esta situación. «No solo está el sentido estético del problema, es que hay mucha gente que está recibiendo tratamiento psicológico por todo lo que esto supone, hay personas afectadas que no pueden ni comer sólidos», asegura.
Miembros de la plataforma se reunirán este jueves con responsables de la Consejería de Sanidad. Es el Gobierno del Principado quien tiene las competencias para depurar responsabilidades en lo relativo a la salud de los usuarios, quienes preparando acciones jurídicas individuales tanto por la vía penal como por la civil.
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