Lourido defiende la legalidad de la obra de El Musel ante el Tribunal de Cuentas

El presidente de El Musel, Laureano Lourido. /  P. CITOULA
El presidente de El Musel, Laureano Lourido. / P. CITOULA

Las defensas de Rexach y Díaz Rato ven «injuriosa» la demanda que reclama a sus clientes abonar 137 millones de su patrimonio por posibles negligencias

RAMÓN MUÑIZ GIJÓN.

El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite una demanda del abogado del Estado que reclama que Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, expresidente y exdirector de El Musel, aporten 137,2 millones al erario público por las supuestas negligencias cometidas durante las obras de ampliación del puerto. El representante de la Administración central actúa mandatado por el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, en un asunto donde existe un divorcio total entre el organismo que tutela el sistema nacional y la propia Autoridad Portuaria de Gijón.

En un escenario complejo, con un expediente abierto en la Unión Europea que podría devenir en la devolución de las ayudas comunitarias, un pleito iniciado por las constructoras que reclaman el abono de 301 millones más por el trabajo, y una causa penal en la Audiencia Nacional, la Autoridad Portuaria ha optado por alinearse con sus exrectores y defender la limpieza de toda la operación. El propio presidente de El Musel, Laureano Lourido, firmó un escrito reclamando el archivo de la vía iniciada en el Tribunal de Cuentas. Según defiende en el documento, «no se ha producido daño, perjuicio o menoscabo» de fondos públicos.

«Las obras realizadas valen efectivamente el precio abonado por ellas, de modo que resultaría un enriquecimiento sin causa para la Autoridad Portuaria de Gijón beneficiarse de dichas obras y no abonar el precio correspondiente», sostiene Lourido. Para reforzar el diagnóstico, recuerda que un informe elaborado por American Appraisal en 2015 llegó a decir que las decisiones adoptadas en su momento procuraron un ahorro de 92,2 millones a las arcas públicas.

El consultor extrajo la cifra de confrontar la inversión ejecutada, que es de 708,7 millones, con el valor que atribuye a la ampliación, que sitúa en 831,5 millones. Aquel informe reconoce que en un inicio estaba previsto suministrar la ampliación con material pétreo obtenido de las cercanas canteras de Aboño y El Percil, pero que por causas sobrevenidas a medio empezar los trabajos se comprobó imposible su utilización. Cabía rescindir el contrato con los constructores, dada la imposibilidad de respetarlo tal cual estaba, o modificarlo para financiar la traída de material desde canteras más lejanas. Optar por esta vía habría evitado tener que indemnizar al adjudicatario por el beneficio perdido, hacer un nuevo concurso, y observar cómo el Cantábrico deterioraba el frente ya avanzado mientras la burocracia buscaba nuevas empresas para reactivar el proyecto. «Tal resolución habría sido una solución mucho más onerosa para los caudales públicos», considera el escrito de Lourido. El presidente de El Musel pidió archivar la causa recordando que «todos los informes evacuados de muy diversos órganos en el expediente de modificación del contrato fueron unánimes, lo cual constituye un fuerte indicio de su legalidad».

Plazos vencidos

Con estas palabras, dirigidas al Tribunal de Cuentas en septiembre, la Autoridad Portuaria reclamó cerrar el pleito. Es lo que también había propuesto una instructora del organismo contable tras analizar el caso y confrontarlo con los informes entregados por El Musel. Disconformes con el diagnóstico, la Fiscalía y el Abogado del Estado pidieron continuar el proceso, cosa que el Tribunal de Cuentas concedió. El departamento invitó a la Autoridad Portuaria a personarse en la causa, algo que los gestores gijoneses han eludido; ya les ha vencido el plazo para ello.

El siguiente paso en el expediente es la demanda del Abogado del Estado, un escrito «de contenido injurioso», según refiere Viliulfo Díaz, abogado de Díaz Rato. El comentario alude a cómo la denuncia mezcla el supuesto manejo negligente de los fondos públicos con la diligencia mostrada por su cliente para reclamar la indemnización a la que tenía derecho cuando fue despedido. «Es todo una venganza política que se vale de argumentos ya aclarados en la Audiencia Nacional», insiste. La defensa de Menéndez Rexach también considera «superadas» parte de las sospechas que refleja el escrito.

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