Moriyón deja en el aire la continuidad de la renta social tras incumplir la regla de gasto

Carmen Moriyón, durante el anuncio del incumplimiento de la regla de gasto, junto a la concejala de Hacienda, Ana Braña. /  JORGE PETEIRO
Carmen Moriyón, durante el anuncio del incumplimiento de la regla de gasto, junto a la concejala de Hacienda, Ana Braña. / JORGE PETEIRO

El Ayuntamiento deberá elaborar un plan económico y financiero para ajustarse a la ley de estabilidad al superar el límite en 5,5 millones

IVÁN VILLAR GIJÓN.

El Ayuntamiento incumplió en 2017 la regla de gasto que impone a las administraciones públicas la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Diversos informes de la Intervención municipal y organismos externos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) llevaban tiempo advirtiendo de una posibilidad que ahora pasa a convertirse en un hecho, según admitió ayer la alcaldesa, Carmen Moriyón.

El Consistorio acaba de remitir al Ministerio de Hacienda un avance sobre la ejecución presupuestaria del último ejercicio en el que consta un gasto que supera en 5,5 millones de euros el tope permitido. Y aunque el incumplimiento no será oficial hasta que en marzo o abril esté disponible el expediente definitivo de cierre de la contabilidad de 2017, el equipo de gobierno municipal ya ha empezado a trabajar «en la forma de corregir esa desviación».

En un plazo máximo de tres meses desde el momento en el que se apruebe la cuenta general del pasado ejercicio, el Ayuntamiento deberá poner en marcha un plan económico y financiero «donde reflejemos las causas de esta situación y qué medidas vamos a adoptar para volver a la senda de gasto». Moriyón aseguró que esto no significa que las cuentas municipales vayan a estar tuteladas por el Principado, si bien la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que, una vez votado por el Pleno, el plan debe ser «remitido a la comunidad autónoma, la cual será la responsable de su aprobación y seguimiento». Sí asumió que el contenido de ese documento obligará a abrir nuevas negociaciones con los grupos de la oposición «para que sea lo más consensuado posible».

La alcaldesa recordó que, ante el riesgo que existía de incurrir en este incumplimiento, en el tramo final del año «se frenó el gasto», posponiendo por ejemplo a 2018 el abono de nuevas ayudas a fachadas. Pero añadió que «estaba claro que si el presupuesto tenía una alta ejecución íbamos a superar la regla de gasto. La famosa incapacidad que le atribuyen al gobierno de Foro para poner en marcha programas y ejecutarlos, esta vez no se corroboró». Destacó, por otro lado, que esa regla es el único parámetro de la ley de estabilidad que incumple el Ayuntamiento, que sí está dentro de los límites en lo que respecta al nivel de endeudamiento.

Un programa «excepcional»

Con independencia de lo que determine el futuro plan económico y financiero, Moriyón avanzó ayer las que considera que son las principales causas de esta situación. La primera y más importante, el aumento del gasto social en el último año. De los 16,5 millones de 2016 se pasó a 24,3 millones en 2017, esto es, 7,8 millones de euros más, si bien a efectos de cálculo de lo que la alcaldesa llegó a definir como «regla maléfica» solo se tienen en cuenta 6,3 millones. Apuntó a la puesta en marcha del programa de renta social municipal como el principal motivo de este incremento del gasto y añadió que cuando se acordó esta línea de ayudas «ya advertimos de que se haría con unos remanentes de tesorería que había para ese año pero que después no podíamos garantizar nada más. Éramos partidarios de hacer algo excepcional, puntual y transitorio, pero estamos absolutamente en contra de un gasto social ilimitado. No podemos asumir hasta el infinito competencias que son de otras administraciones, como la de garantizar a las personas un mínimo vital digno».

Explicó que «la pretensión de determinados grupos de seguir con el mismo ritmo de gasto en la cuestión social fue uno de los escollos principales cuando presentamos el proyecto de presupuestos para 2018, junto a ocurrencias como que dimita el director de la Agencia Local de Empleo o la obcecación de que se remunicipalice la ayuda a domicilio con todos los informes en contra». E indicó que en el actual escenario de prórroga la Fundación Municipal de Servicios Sociales dispondrá de 19,4 millones de euros «con los que debe atender muchos programas en todos los ámbitos, como las ayudas de emergencia, las becas de comedor, las ayudas energéticas y servicios básicos como el Albergue Covadonga», por lo que «habrá que llegar a acuerdos sobre cómo se va a gastar ese dinero».

A la pregunta directa de si tras el incumplimiento de la regla de gasto la renta social municipal tendrá continuidad con nuevas convocatorias, respondió que «ese programa requiere de un consenso en la junta rectora de la fundación. La concejala hará una propuesta de lo que estima que se necesita para las diferentes líneas de ayudas y otra de redistribución, que está claro que es necesaria porque no se pueden dejar a cero otras partidas que siempre defendimos. Luego se verá con qué apoyos cuenta esa propuesta, pero todo forma parte de la negociación».

Otro factor clave en el exceso de gasto fueron, según Moriyón, las aportaciones municipales para el sostenimiento financiero de Gijón al Norte y la ZALIA. En 2016 de las arcas del Ayuntamiento salieron 1,7 millones, que en 2017 se convirtieron en 4,3 «porque empezamos de devolver el préstamo de la zona logística». Para 2018 el compromiso es aportar 4,5 millones. La alcaldesa recordó que hasta hace año y medio estas partidas no computaban en el cálculo de la regla de gasto.

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