La multa a España por dos años sin reformar la estiba se queda en tres millones

Íñigo de la Serna, ayer, habla de la multa por la estiba. / EFE

El ministro de Fomento achaca la sanción, que preveía de 24 millones, a los dos meses que tardó el Congreso en validar el proyecto del Gobierno

E. C. GIJÓN.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso ayer una multa de tres millones de euros a España «por haber tardado en liberalizar el sector de los servicios portuarios de manipulación de mercancías». El Ministerio de Fomento había estimado en 24 millones de euros la sanción acumulada por más de dos años de demora en la adaptación del sistema de estiba español a las exigencias de la Unión Europea, que ya en diciembre de 2014 obtuvo la primera sentencia favorable a sus tesis del Tribunal de Justicia europeo, así que la sanción real se quedó en la octava parte.

La Comisión entendía, y el citado tribunal le dio la razón, que España limitaba irregularmente la libre instalación de empresas en los puertos, al obligar a contratar personal de las bolsas de trabajo formadas para atender en exclusividad dicho servicio.

Con la primera sentencia, de diciembre de 2014, como queda dicho, se preveía una sanción diaria hasta que se produjera la adaptación a lo ordenado por el tribunal, que fue lo que llevó al Gobierno de España a esperar una multa próxima a los 24 millones de euros. Dado el abundante tiempo transcurrido desde entonces, sin que se concretara reforma alguna, la Comisión Europea volvió a requerir la intervención del mismo tribunal, que no llegó a emitir una nueva sentencia antes de que se aplicara el cambio requerido.

El tribunal valora la «buena fe», pero rechaza la actuación en funciones como disculpa

«Buena fe»

El Tribunal de Justicia Europeo valoró la «buena fe» y colaboración del Gobierno de España, pero desestimó el argumento de que actuó en funciones durante cerca de un año como disculpa para no haber actuado con mayor diligencia. El Ministerio de Fomento evitó afrontar la reforma del sistema de estiba que reclamaba la Comisión Europea durante cerca de dos años, probablemente por los dos procesos electorales que en ese tiempo vivió el país y ante la previsible conflictividad que el asunto podía provocar. El tiempo y los acontecimientos confirmarían la dificultad de llegar a un acuerdo sin acarrear paros en los puertos, pero también que era posible superar el trance mediante el diálogo, sin esperar a que el problema pudriera.

Sin embargo, el ministro de Fomento actual, Íñigo de la Serna, achacó ayer a los dos meses que el Congreso de los Diputados tardó en validar su reforma de la estiba (rechazo en marzo y aprobación en mayo) los tres millones de multa, sin dejar de transmitir alivio por lo que pudo haber sido mucho peor.

Los propios protagonistas del sector, empresas y trabajadores, expresaron durante las duras negociaciones que aparentemente acabaron con el único acuerdo posible su malestar por una urgencia que pudo haber sido evitada, ya que desde la sentencia de 2014 todas las partes tenían asumido que la reforma se hacía imprescindible.

Los tres millones de multa equivalen a una pequeña parte de las pérdidas que ocasionó la huelga intermitente de los estibadores, y de la cantidad ofrecida por el Gobierno para reducir la plantilla de estibadores en los puertos donde se encuentre sobredimensionada.

En todo caso, los paros en El Musel fueron poco relevantes, pero no porque no fueran seguidos unánimemente por los convocados, sino porque la terminal de graneles sólidos no contrata estibadores para despachar los barcos y por ella pasa una abultada mayoría de las mercancías que mueve el puerto gijonés.

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