Las multas por botellón registran su dato más alto desde 2014 tras aumentar un 18,5%

Las multas por botellón registran su dato más alto desde 2014 tras aumentar un 18,5%Gráfico

Cimavilla y El Llano fueron los barrios con más denuncias por beber en la calle y Poniente lideró el resto de infracciones de la ordenanza de convivencia

IVÁN VILLAR GIJÓN.

La Policía Local tramitó el año pasado 537 denuncias por la práctica del botellón en la vía pública. La cifra, que equivale a una media de diez propuestas de sanción cada semana, representa un incremento del 18,5% con respecto al año anterior y es la más alta desde 2014, primer ejercicio completo durante el que fue de aplicación esta prohibición. Desde su entrada en vigor a mediados de 2013, el Ayuntamiento de Gijón ha abierto 3.798 procedimientos sancionadores por infracciones de la ordenanza de convivencia ciudadana, de los que 2.108, un 55,5%, correspondieron a reuniones para beber en la calle. El 45,5%, 1.690 denuncias, fueron por contravenir otros artículos de esta norma, que también persigue la realización de grafitis, las actividades vandálicas contra el mobiliario urbano, el uso del espacio público «para servicios de naturaleza sexual», la realización de necesidades fisiológicas en la calle (defecar, orinar y escupir) y las conductas «que perturben la convivencia ciudadana».

En los cinco meses y medio que la ordenanza estuvo en vigor en 2013 (desde el 20 de julio) se cursaron 727 denuncias, de las que 408 correspondieron a la práctica del botellón y 319 a otras conductas recogidas en el articulado de la norma. En 2014, ya con todo el año para sancionar, los expedientes derivados de esta ordenanza se elevaron hasta los 1.116, 606 de ellos por botellón y 510 por otros motivos. En el siguiente ejercicio las infracciones denunciadas cayeron en picado, un 76%, y al cierre del año en las estadísticas del área de Seguridad Ciudadana solo constaban 259 intervenciones. Fue el único año en el que las sanciones por botellón, 104, fueron menos que las derivadas de otras acciones consideradas incívicas, que motivaron 155 expedientes.

En 2016 la cifra volvió a repuntar, con 785 denuncias, de las cuales 453, más del cuádruple que el año anterior, fueron por beber en grupo en la calle y 332 por otros motivos. Finalmente, en el recién terminado 2017 el dato general de denuncias por incumplimiento de la ordenanza volvió a subir hasta alcanzar las 911, es decir, un 16% más. De esta última cifra, 537 propuestas de sanción, el 58,9% del total, se basan en la práctica del botellón y 374 en otras prohibiciones recogidas en la norma sobre convivencia ciudadana.

Barrios y distritos

Los vecinos de los barrios que conforman el distrito centro son los que más sufren las conductas que la ordenanza de 2013 recoge como incívicas. O al menos las que se producen ahí son las que más se traducen después en denuncias formales por parte de los agentes municipales. En 2017 en esta parte de la ciudad se registraron 424 infracciones de la norma, lo que representa el 46,5% de las 911 que constan para todo Gijón. Le siguen el distrito de El Llano, con 215 (23,6%); la zona este, con 78 (8,5%); los barrios del sur, con 72 (7,9%) y el distrito oeste, con 69 (7,5%). Del ámbito periurbano y rural solo constan denuncias en Somió, con 53.

En lo que respecta específicamente al botellón, el barrio de Cimavilla es donde más se sigue detectando esta práctica, con 156 denuncias el último año. Muy cerca de igualar esa cifra estuvo El Llano, con 154. En tercer lugar se situó el barrio de Poniente, con 126 personas denunciadas por este motivo. Entre estas tres zonas concentran el 81,1% de las denuncias por beber en la calle, pero por esta misma causa también se abrieron otros 37 expedientes en Somió, 33 en La Arena, 14 en El Polígono, 11 en La Calzada, 7 en El Coto, 6 en El Natahoyo, 5 en la zona centro -excluidos Cimavilla y Poniente- y 4 en Pumarín.

La ordenanza de convivencia considera botellón «el consumo de bebidas, preferentemente alcohólicas, en la calle o espacios públicos, por un grupo de personas, cuando como resultado de la concentración de las mismas o de la acción de su consumo, se puedan causar molestias a quienes utilicen el espacio público y a los vecinos, se deteriore la tranquilidad del entorno o se provoquen en él situaciones de insalubridad». En este sentido, prohibe el consumo de bebidas alcohólicas en la calle «cuando pueda alterar la convivencia ciudadana». La norma especifica que se entenderá que existe este condicionante cuando se dé alguna de las siguientes cinco situaciones.

Cinco supuestos

La primera, «cuando la morfología o naturaleza del lugar público el consumo se pueda hacer de forma masiva por grupos de personas o invite a la aglomeración de éstas». La segunda, «cuando como resultado de la acción del consumo se pueda deteriorar la tranquilidad del entorno o provocar en él situaciones de insalubridad». La tercera, «cuando el consumo se exteriorice en forma denigrante para los viandantes o demás usuarios de los espacios públicos». La cuarta, «cuando los lugares en los que se consuma se caractericen por la afluencia de menores o la presencia de los mismos». Y la quinta, cuando esta práctica se dé «en las inmediaciones de centros sociosanitarios, educativos, instituciones o en lugares de especial interés histórico-artístico o cultural, así como a una distancia mínima de 50 metros de viviendas habitadas», a excepción de establecimientos y terrazas que cuenten con la oportuna autorización municipal.

El texto normativo considera el botellón una infracción leve, que puede ser sancionada con multas de entre 100 y 750 euros.

En cuanto a otras conductas punibles de acuerdo a esa misma ordenanza, Poniente fue el barrio que más denuncias registró en 2017, con 62, seguido de cerca por El Llano, con 61. En la zona centro -excluidos Cimavilla y Poniente- constan 53 propuestas de sanción por acciones contrarias a la ordenanza pero ajenas al botellón; en La Calzada, 38; en El Polígono, 35; en La Arena, 31, en Cimavilla, 22; en Somió, 14; en El Natahoyo, 14; en El Coto, 7; y en Montevil y Roces, otras 7 entre ambos.

Desde septiembre de 2015 hay un mandato del Pleno, aprobado por unanimidad, para modificar la ordenanza de convivencia.

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