«Al inspector gijonés lo han machacado por destapar las cloacas de Interior»

Pedro Arancón, de la Plataforma por la Honestidad.
Pedro Arancón, de la Plataforma por la Honestidad. / J. MANUEL PARDO

Una plataforma fundada por el asturiano Pedro Arancón irrumpe en la trama de Villarejo: «Hay que proteger a quien denuncia corrupción»

R. MUÑIZ / O. SUÁREZ GIJÓN.

Hasta el verano pasado la investigación de la 'operación Nicolay' la lideraba el inspector gijonés Rubén Eladio López, jefe del IX Grupo de Asuntos Internos. El caso seguía las andanzas de Francisco Nicolás Gómez, 'el pequeño Nicolás', joven que se hacía pasar por agente del CNI con contactos en el Gobierno de Mariano Rajoy para codearse con lo más granado de la política y el empresariado madrileño. Cumpliendo las instrucciones del magistrado instructor Arturo Zamarriego y de su jefe de brigada, Marcelino Martín-Blas, el gijonés recopiló indicios que apuntaban a que el sospechoso gozó de la protección del todopoderoso comisario José Manuel Villarejo Pérez, y éste a su vez, de la alta jerarquía policial.

El inspector puso los hechos en sus informes, incluyendo maniobras de sus superiores que tachó de «coacción» y «obstrucción a la justicia», todo, a su juicio, para proteger a Villarejo. Tuvo mal resultado. En la primavera pasada Martín-Blas se había jubilado, dejándole solo al frente del caso. Zamarriego fue ascendido a la Audiencia Provincial. La nueva instructora, Pilar Martínez Gamo, dejó de respaldarle. Primero, archivó la pieza que más salpicaba a la jefatura policial. Luego, le retiró del caso. El ministerio aprovechó para sacarle de Asuntos Internos y destinarlo a un puesto de inferior categoría.

«Lo han machacado por destapar las cloacas de Interior», afirma Pedro Arancón, gijonés de 1974 y vecino de Mieres. En 2015 este activista «apartidista» fundó la Plataforma por la Honestidad (PLxH) con un fin. «Había hecho una entrevista a Ana Garrido, la primera funcionaria que denunció la 'Gürtel', y vi lo ocurrido; en este país quien denuncia la corrupción está desprotegido», explica.

Este licenciado en Empresariales asegura que el patrón es siempre igual: «Primero, les arrebatan el puesto de trabajo o les hacen 'mobbing'; como a Rubén López y antes a Martín-Blas. Después, empiezan a acosarlos con denuncias, la mayoría falsas, pero que ocasionan nuevos gastos jurídicos. Socialmente sufren presión porque la gente les dice que no tenían que haberse metido en eso, los responsabilizan». Esta dinámica, afirma, la vio en la funcionaria de 'Gürtel', pero también en la empleada que denunció el caso Aquamed o el empleado de UGT que desveló facturas de la central.

«Creamos la Plataforma porque hay que proteger a quien denuncia», señala. En el plano político, presionan a los partidos para que saquen una ley que, «como con la violencia de género, respalde al que se arriesga a denunciar, blinde su anonimato, su trabajo, les dé asistencia jurídica». A la espera de eso, organizan campañas para financiar a los abogados de los afectados o participan en los procesos con sus propios letrados.

Es lo que han hecho en el 'caso Nicolay'. «Nos personamos y mandamos un escrito a la Dirección General de Policía advirtiendo de que si seguían hostigando a los agentes actuaríamos», relata. Un día, en el periódico que lleva Eduardo Inda «vi la identidad de uno de los agentes; era Rubén Eladio, con el que fui al colegio, hasta entonces no me había dado cuenta de la coincidencia», dice. Al ver el giro dado al caso, reaccionó. Un juzgado de instrucción admitió hace unas semanas su querella contra Villarejo, otros dos comisarios e Inda. Los acusa de obstrucción a la justicia, encubrimiento y organización criminal. «Las cloacas son un caso de corrupción policial, empresarial, política y mediática; aquí no hay dos bandos, hay unos supuestos acosadores, algunos con un gran patrimonio de dudosa procedencia y dos policías que cumplían las órdenes del juez», resume.

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