«En la ordenanza del aire exprimimos al máximo lo que podíamos hacer»

González-Pedraz, junto a la nueva estación móvil de control de la calidad del aire, primera de carácter municipal. / JOAQUÍN PAÑEDA
González-Pedraz, junto a la nueva estación móvil de control de la calidad del aire, primera de carácter municipal. / JOAQUÍN PAÑEDA

Clara Pilar González-Pedraz, directora del área de Sostenibilidad y Cambio Climático del Ayuntamiento mantiene que «nuestros grandes retos ahora son el Plan de Movilidad y lograr una mayor sensibilidad por parte de la gran industria»

I. VILLAR GIJÓN.

Tras casi dos años de negociación y tramitación, el 13 de julio entró en vigor la nueva ordenanza municipal de protección del medio ambiente atmosférico, que busca dar respuesta a la preocupación ciudadana por la calidad del aire en Gijón.

-¿Cuáles son los principales cambios que conlleva la ordenanza?

-La creación del registro de incidentes ambientales, que servirá para dar voz al malestar generalizado de los vecinos, y la consideración de la Policía Local como personal inspector. Es un avance, porque permite dar un soporte las 24 horas del día. Ahora ya tenemos agentes formados en la materia, la unidad de vigilancia ambiental, y la ordenanza obliga a que la Policía Local cuente con un teléfono directo para recoger las denuncias de los ciudadanos, que deberán ser atendidas. También establece que el Ayuntamiento elabore programas de inspección.

-¿No se hacían ya?

-Sí. El servicio de Medio Ambiente gestiona 200 expedientes de control y vigilancia ambiental de empresas que periódicamente deben enviarnos la documentación requerida. Aunque siempre se piensa en las grandes industrias, hay muchas pequeñas y medianas empresas con hornos, calderas o quemadores que son focos de emisión. Ya hacemos planes de inspección, pero con la nueva ordenanza será una obligación.

-¿En qué momento podrían sancionar a una de estas empresas?

-En cuanto incumpla algún requisito de su licencia de actividad es sancionable. Por ejemplo, un taller de vehículos que tenga una cabina de pintura debe revisar unos determinados contaminantes y contar con unos filtros que se gestionan como residuos peligrosos. Todo eso viene en su licencia, y es lo que vigilamos. Generalmente con las empresas pequeñas no se suele llegar a la sanción. Se les exige la restauración de la legalidad, es decir, que si tienen un motor que no combustiona bien, lo arreglen en el plazo que se les marca. Si lo que se incumple ese requisito está recogido en su autorización, se transmite el incumplimiento al Principado para que proceda como considere.

-¿Hay casos en los que la Policía Local pueda ordenar el cese inmediato de la actividad?

-En las empresas con licencia municipal, que es nuestro marco de actuación, no suele ocurrir nada por lo que debamos llegar hasta ese extremo.

-¿Y qué pasa con las nubes que causan la alarma en la zona oeste?

-Generalmente, eso ocurre con empresas que tienen una Autorización Ambiental Integrada. Ahí lo que podemos hacer es enviar a la Policía Local con los medios de los que ahora dispone para que levante acta de lo ocurrido. Después se envía al Principado para que proceda a abrir el expediente que corresponda. Hasta ahora muchas de estas cuestiones quedaban en nada, porque la administración autonómica no llega a todo.

-¿Y alguna vez acaba en sanción?

-Creo que en los dos últimos años el Principado lleva más expedientes sancionadores que en toda su historia.

-La ordenanza prevé multas de hasta 3.000 euros. Para algunas empresas sería un gasto mínimo.

-Es el tope que nos marca la ley de bases del régimen local. De ahí no nos podremos salir hasta que no haya una ley ambiental autonómica que nos ampare. Si en ella se reflejaran sanciones superiores, automáticamente se actualizarían las de la ordenanza. Somos la única comunidad que carece de una ley de este tipo. Una de nuestras propuestas respecto al anteproyecto que maneja el Principado es que los municipios que tenemos la consideración de aglomeración podamos asumir las competencias de vigilancia y control de instalaciones.

-¿Qué supondría eso?

-Que podríamos inspeccionar directamente, con todas las consecuencias, cualquier instalación del concejo, excepto las que tengan autorizaciones ambientales integradas (AAI).

Proceso participativo

-¿La nueva ordenanza recoge las demandas de colectivos como la plataforma contra la contaminación?

-Hubo un amplio proceso de participación abierto a la ciudadanía y se creó un grupo de trabajo en el que se estudiaron todas las demandas. Se recogieron las que se podían recoger. Y las que no, se les explicó por qué no estaban.

-¿Creen que se ha podido quedar corta en algún aspecto?

-El marco normativo nos deja poco margen de actuación. Hemos exprimido al máximo lo que podíamos hacer. Competencialmente, como entidad local no podemos llegar a más. En otras ciudades se están tumbando ordenanzas por haberse excedido en sus competencias. Tuvieron la ambición de ir más allá y salieron mal paradas. Por un artículo, pueden tirar abajo toda la ordenanza.

-No obstante, no será la panacea.

-Está claro que no, pero hay que pensar que estamos en una ciudad con el mayor complejo siderúrgico de España, con uno de los mayores puertos graneleros de Europa y además con una central térmica y una cementera. Ese es nuestro marco. Y nadie quiere que Arcelor cierre. Por lo tanto, las administraciones y las industrias tenemos que colaborar para mejorar todos. En lo que respecta a los problemas derivados del almacenamiento de graneles, el puerto ha empezado a responder e incluye en sus presupuestos 1,4 millones de euros anuales para estos temas que antes no existían. Aún así, estamos en el principio del camino. Hay mucho por hacer.

-¿Qué nuevas restricciones que antes no existieran pueden afectar al ciudadano de a pie?

-Nada nuevo.

-Existe un apartado que recoge medidas ante «situaciones especiales de inmisión» que prevé restricciones al tráfico e incluso al encendido de calefacciones...

-Ahí creo que existe una pequeña confusión. Las situaciones especiales de inmisión de las que habla la ordenanza son los umbrales fijados por decreto para los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y ozono troposférico. No hablamos de las partículas PM10 (las de menos de diez micras), las que todo el mundo conoce, sino de otro tipo de contaminantes que al suponer un problema muy grave sí obligarían a poner en marcha esas medidas. Pero son situaciones muy extraordinarias que nunca han ocurrido.

-¿No habrá restricciones por PM10?

-Eso dependerá de lo que marque finalmente el protocolo sobre calidad del aire que está elaborando el Principado, por supuesto con nuestra colaboración. De momento, no está aprobado. El que funciona actualmente es uno provisional de noviembre de 2015, que se está revisando.

-¿Cómo califica la calidad del aire en Gijón?

-En general estamos cumpliendo. El año pasado fue excepcionalmente bueno, con muy pocas superaciones de los umbrales de PM10, por debajo de las 35 que marca la normativa. La meteorología influyó, pero también las medidas que se están adoptando. Este año no sé si será tan bueno. Dependerá del tiempo, aunque esperamos no sobrepasar tampoco las 35 superaciones.

-¿Cree que la ciudadanía tiene esa misma percepción?

-Está claro que no. Lo que sufren los vecinos, sobre todo en la zona oeste, no es tanto un problema de salud como de calidad de vida, por culpa del polvillo que queda en sus vehículos, en sus terrazas, en las casas... Son partículas grandes. No son PM10, no llegan al alveolo pulmonar, pero se acumula en todas partes.

-¿Y contra eso no puede actuar?

-Los grandes almacenamientos de graneles pulverulentos o las instalaciones que no tienen bien sus cerramientos suelen ser APCA o AAI, con lo cual solo podemos dar parte.

-Tras aprobarse la ordenanza de calidad del aire, ¿cuál es el gran reto?

-Una parte muy importante para mejorar la calidad del aire será el Plan de Movilidad Sostenible y Segura, que además contribuirá a reducir la huella de carbono de la ciudad. Y luego, contar con una mayor sensibilidad por parte de las grandes industrias.

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