«Ya pagamos al Ayuntamiento el 1,5% de lo que facturamos», recuerdan las energéticas

Las tasas vigentes para empresas de energía eléctrica, gas y telecomunicaciones permitieron ingresar más de cinco millones en 2016

IVÁN VILLAR GIJÓN.

Después de que la junta de gobierno aprobara el martes, a la espera de la presentación de enmiendas por parte de la oposición y de su votación en Pleno, la creación de una nueva tasa municipal «por el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos», las empresas del sector energético recordaron ayer que actualmente ya hacen frente cada año a pagos millonarios al Ayuntamiento de Gijón por el uso de la vía pública para su actividad. «Por utilizar el espacio público ya abonamos en concepto de tasa el 1,5% de nuestra facturación, tanto como distribuidores como comercializadores», explicó un portavoz de Edp Energía, principal contribuyente por este concepto.

En las ordenanzas fiscales ya en vigor existe un artículo específico para las «empresas explotadoras de servicios de suministros», relativo a la «utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales» por parte de cualquier compañía de suministros que para el desarrollo de su actividad use «tendidos, tuberías, cables, galerías y otras instalaciones» que atraviesen espacios públicos. En él se establece un importe «en todo caso y sin excepción alguna del 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal». La norma afecta no solo a empresas de electricidad, agua y gas, sino también a las de telefonía.

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La cuenta general del Ayuntamiento de 2016 señala que el año pasado se ingresaron por este concepto 4.775.508,90 euros, a los que hay que sumar 461.699 correspondientes a las compañías del grupo Telefónica, para las que se establece una tributación específica.

Un informe del servicio municipal de presupuestos de 21 de noviembre de 2016 especifica que las empresas del grupo Edp Energía (Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, Edp Energía SAU, Edp Comercializadora de Último Recurso SA, Edp Comercializadora SAU y Naturgás Energía Distribución abonaron ese año al Ayuntamiento con cargo a esta tasa 2,3 millones de euros. La empresa Fortia Energía pagó 1,8 millones de euros; Gas Natural, 482.000 euros; Telecable, 464.000; Iberdrola, 107.000 euros; Endesa, 103.000 euros; Unión Fenosa, 20.000 euros; Viesgo Energía, 19.000 euros; Orange, 51.000 euros; Vodafone, 17.000 euros; Jazztel, 17.000 euros.

Fuera de casco urbano

La Concejalía de Hacienda explica que la nueva tasa afectaría a las instalaciones (líneas de alta tensión, canalizaciones de agua y gas, torres, postes, repetidores, etcétera) ubicados «fuera del casco urbano» y que supongan un aprovechamiento del dominio público o de bienes comunales. No afectaría únicamente al titular de las instalaciones -principalmente Red Eléctrica Española-, sino «a todo el que utilice , disfrute o aproveche especialmente» esos espacios, lo que incluye a todas las empresas que «produzcan, transporten, distribuyan y comercialicen» la energía, hidrocarburos o agua que llegue por esa infraestructura.

El portavoz municipal del PP, Mariano Marín, calificó ayer de «demagógica» la implantación de la nueva tasa o el incremento de la que se aplica a los cajeros automáticos -que se triplicará, de 125 a 375 euros por unidad al año-, porque «aunque de a la galería parece que quien paga son las empresas y la banca, al final lo repercutirán en los ciudadanos, por lo que se aumenta la presión fiscal». El concejal consideró que la propuesta de Foro «es una muestra más de la podemización de la alcaldesa. Al igual que acabamos de ver en Urbanismo con el PGO, parece que la Concejalía de Hacienda también está llevada exclusivamente por Xixón Sí Puede». Consideró que la búsqueda de nuevas vías de ingresos «es una muestra de los efectos perniciosos de la implantación de la renta social municipal, que ahora tienen que financiar y para eso necesitan obtener dinero de donde sea».

Marín consideró que «esto va a ir a más» e indicó cómo al margen de las cesiones en materia urbanística y fiscal «desde el principio del mandato Carmen Moriyón se ha plegado a Podemos en asuntos como establecer una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora en el centro, adoptar iniciativas de revancha histórica, promover un boicot a Israel, politizar los festejos y los nombres de las calles, usar el balcón del Ayuntamiento para fines partidistas propios de la izquierda o poner en valor a los colectivos abortistas, como ocurrió con los Jardines del Tren de la Libertad».

Las nuevas ordenanzas fiscales tampoco han logrado convencer a los partidos de la izquierda. La concejala socialista Marina Pineda, lamentó que el gobierno «no haya tenido la valentía de hacer un estudio global de las necesidades de ingresos que tiene el Ayuntamiento y, en base a él, hacer un planteamiento global que toque todas las odzas». El PSOE transformará en enmiendas todas las propuestas en materia fiscal que había presentado al gobierno antes del verano. Desde Xixón Sí Puede la edil Nuria Rodríguez advierte de «importantes ausencias» con respecto a las peticiones realizadas por su grupo y la concejala Ana Castaño, de IU, lamenta que no se actualicen todas las tasas y precios públicos ni se incluya la posibilidad de un IBI diferenciado que grave las propiedades no residenciales que excedan de un valor catastral de un millón de euros, medida que apoya toda la izquierda.

Ciudadanos critica que «no se hayan incorporado ninguna de las bonificaciones que propusimos para los impuestos sobre actividades económicas y de construcciones y obras, que iban orientadas a ayudar a las pequeñas y medianas empresas». Pide por otra parte que de se paralice de manera inmediata el cobro de la plusvalía en aquellos casos «en la que no exista ganancia real».

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