Palao y Navas niegan responsabilidad en la aprobación del sobrecoste de El Musel

Fernando Palao. / IÑAKI MARTÍNEZ

La defensa de Díaz Rato pide que declaren Belén Fernández, Francisco González Buendía y Paz Fernández Felgueroso

E. C. GIJÓN.

Fernando Palao, exsecretario de Estado de Transportes, y Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado, volvieron ayer a declarar en el Juzgado Central de Instrucción Número 3 sobre el 'caso Musel', tal como ya había hecho el pasado 26 de octubre, pero esta vez no como testigos, sino como investigados, término que ha sustituido al anterior de imputado. En la primera ocasión, como testigos, tenían obligación legal de decir la verdad, así que, como es de suponer, su versión de ayer no difirió mucho. La Fiscalía solicitó su cambio de condición tras confirmarse su participación en una reunión al más alto nivel entre los directivos de El Musel y de las empresas integrantes de la UTE Dique Torres para abordar la situación creada por la no utilización de la cantera de Aboño como principal suministro de piedra en la ampliación del Puerto.

Según distintas fuentes consultadas por EL COMERCIO, Palao estuvo ayer más explícito que Navas, quien ya en la anterior cita había sido proclive a alegar falta de memoria, incluso al declarar si se produjo o no la polémica reunión.

Al parecer, Palao llegó a admitir que la había convocado, pero sin más responsabilidad ni competencia que la derivada de una función mediadora, que permitiera a los responsables de El Musel afrontar el problema planteado directamente con los empresarios de la UTE y no con los sucesivos gerentes.

El Ocan relaciona la reunión en Fomento con el comienzo del pago de nuevos preciosViliulfo Díaz dice que los políticos estaban más interesados que los técnicos en seguir la obra

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En la referida reunión, que ahora ya nadie parece negar que existió, se habló, según los nuevos investigados, del problema existente, en general, incluso del protagonismo de la piedra y de su origen más costoso del previsto, por la inutilización inicial de la cantera de Aboño.

Donde no hubo posibilidad de acuerdo fue en la responsabilidad de cada cual a la hora de tomar la decisión de aprobar un modificado por importe de 216 millones de euros, ni el momento en que empezarían a pagar los nuevos precios.

Fuentes del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (Ocán) señalaron, en ese sentido, que es significativo que «la reunión se celebró el 14 de marzo de 2006 y en abril se empezaron a pagar los nuevos precios, así que parece existir una relación de causa-efecto».

En similar sentido, Viliulfo Díaz, abogado que defiende al exdirector de El Musel José Luis Díaz Rato, indicó que la competencia de la obra, como entidad promotora y contratante de la misma, es en este caso la Autoridad Portuaria, pero que los puertos tienen limitada su autonomía por la obligación, no menos legal, de presentar y negociar cada año su plan de inversiones y sus presupuestos con Puertos del Estado, y eso implica no sólo conocimiento, sino también conformidad.

El mismo letrado apeló a la lógica para colegir que ante una alternativa como la que se dio, es decir, continuar la obra con encarecimiento respecto a lo contratado o dejarla parada, es fácil suponer que fueron los políticos, y no los técnicos, los primeros interesados en ordenar que se siguiera adelante. Según esa versión, Díaz Rato fue el principal defensor de que se exigiera el cumplimiento estricto de lo previsto en el contrato.

Tal vez por ese previsible interés político, Viliulfo Díaz ha pedido a la jueza que instruye el caso, Carmen Lamela, que declaren como testigos los exconsejeros del Principado Francisco González Buendía y Belén Fernández, así como la exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso. También ha solicitado una nueva comparecencia de Manuel Menéndez como máximo responsable de HC cuando la construcción de una planta de desulfuración impidió la extracción de áridos, desde el inicio de la obra, de la cantera de Aboño.

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