El Ayuntamiento de Gijón negociará con el Ministerio de Empleo una solución para la Casa Sindical

Protesta de CSI, CNT y CGT contra la propuesta de derribo de la Casa Sindical, en dirección a la plaza Mayor. / DANIEL MORA

La sesión plenaria estuvo marcada por las protestas de colectivos ciudadanos y sindicatos ante los miembros de la Corporación

PALOMA LAMADRID GIJÓN.

«Ya hemos reconocido que el estado de la Casa Sindical es un problema para todos, aunque discrepemos en las soluciones». La alcaldesa, Carmen Moriyón, respondió ayer con contundencia, en el Pleno, a Pablo González, concejal de PP, quien afeó el apoyo de Foro y PSOE a la proposición presentada por Ciudadanos para intentar buscar una respuesta al mal estado de este edificio. El edil popular consideró «vergonzoso» que ambos partidos votasen a favor de esta iniciativa «por pegarle el bofetón al Gobierno del PP en la cara de los sindicatos». «¿Usted sabe de qué está hablando cuando hace referencia a juegos de despacho?», le espetó la regidora.

Moriyón señaló que, hasta en dos ocasiones, CC OO se dirigió a la Alcaldía para pedir mejoras en la Casa Sindical. Y el equipo de gobierno contactó entonces con el Ministerio de Empleo para tratar de encontrar una vía de resolución. «En septiembre de 2017 ya estábamos en conversaciones y todo fluye con normalidad», indicó. Con el apoyo de los concejales de Foro, PSOE y C's, el Pleno acordó que el Ayuntamiento iniciará «las oportunas negociaciones con el Ministerio de Empleo y las organizaciones sindicales que tienen cedido en uso parte del edificio de la Casa Sindical para tratar de alcanzar un acuerdo sobre su futuro».

En cualquier caso, se asegurará «su integración en el entorno y un mayor aprovechamiento del espacio a través de la coexistencia de varios usos públicos». El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, aceptó retirar las referencias al derribo y construcción de un nuevo edificio incluidas en la proposición para lograr recabar los apoyos necesarios y así sacar adelante su iniciativa. También dio el visto bueno a añadir el término 'públicos' para delimitar los usos que debería acoger el edificio. Por su parte, IU y PP se abstuvieron en la votación por considerar que el asunto incumbe al Ministerio de Empleo y los sindicatos y el Ayuntamiento solo puede tener una labor mediadora. Por su parte, Xixón Sí Puede votó en contra de la proposición. A su juicio, la idea de Ciudadanos implica un «pelotazo urbanístico». Asimismo, su portavoz, Mario Suárez, reprochó a Sarasola que no tuviera en cuenta la historia de este edificio modernista.

«Desidia»

Antes de la votación, Ignacio Fuster, secretario general del sindicato CSI, leyó un comunicado en nombre de su organización, así como de CGT y CNT. Criticó la «desidia» de los administraciones hacia la Casa Sindical e hizo un llamamiento «a reflexionar antes de derribar». Mientras se debatía la propuesta en el salón de plenos, en la plaza Mayor se congregaron miembros de los tres sindicatos para mostrar su desacuerdo con el proyecto planteado por Ciudadanos. «No podemos permitir que nuestra casa, la casa del pueblo gijonés, caiga ante la especulación urbanística que propone un partido que debe su color al naranja de los ladrillos», afirmó Héctor González, secretario general de CNT en Gijón. El ministerio valora el inmueble en 4,1 millones de euros.

No fue la única organización que tuvo voz en la sesión plenaria. El colectivo Asturies por un Aire Sano, a través de una integrante de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana, puso de relieve la preocupación de los gijoneses por los elevados niveles de contaminación que se registran en el municipio a través de un manifiesto. «Es una tarea de todos el tránsito hacia un nuevo modelo productivo», apuntó la portavoz ciudadana. Todos los grupos municipales, excepto el PSOE, que se abstuvo, votaron a favor de la propuesta presentada por Xixón Sí Puede para que el Ayuntamiento «apoye y participe de manera activa en la movilización que tendrá lugar el domingo 18 de marzo».

El acuerdo, además, incluía instar a la administraciones «regional, nacional y comunitaria a mejorar, de manera decidida, la vigilancia, control y desarrollo legislativo en materia medioambiental conforme a los estándares marcados por la OMS sobre protección de la salud de las personas». Sobre este asunto también se pronunció Moriyón. «Es un manifiesto legítimo de los vecinos de Gijón, personas y apellidos que llevan años en el consejo sectorial de Medio Ambiente. No sacan hoy un cartel espontáneamente». La primera edil también lanzó un mensaje a la Autoridad Portuaria para que «dé un paso más» para evitar las 'nubes' de carbón que se levantaron el pasado domingo como consecuencia del temporal. Aunque valoró las inversiones realizadas en esta materia, apuntó que si en los meses de verano se producen episodios similares «va a haber un cabreo importante porque, además de un perjuicio para la salud, nos espantará a los turistas». Por otro lado, el Pleno aprobó recurrir la sentencia que desestimó la demanda presentada por el Consistorio que pedía impugnar y declarar nulo el acuerdo de 24 de febrero de 2017 de la Fundación Cajastur, que vetaba la incorporación de la abogada laboralista Marta Rodil como representante municipal en el patronato de la entidad vinculada a Liberbank.

El Consistorio recurrirá la sentencia que impide a Rodil representar a Gijón en la Fundación Cajastur

El informe rubricado por el secretario general, Miguel Ángel de Diego, pone de manifiesto que el Ayuntamiento, como entidad fundadora de la Caja de Ahorros de Asturias, debe tener un puesto de patrono nato en la fundación. Así las cosas, De Diego subrayó que «no hay ninguna tacha legal que impida el nombramiento de Rodil».

Brecha salarial

Otro asunto del orden del día fue la modificación de las bases que regulan la subvención a los vecinos de los barrios degradados para rehabilitar sus inmuebles. A propuesta del PSOE, los servicios municipales tendrán que controlar la redacción y la firma del contrato con la empresa adjudicataria de las obras. Por otro lado, el Pleno respaldó la propuesta socialista de favorecer en las contrataciones públicas a las empresas que eviten la brecha salarial entre mujeres y hombres.

No obstante, el secretario y la interventora señalaron la necesidad de elaborar un informe para analizar su viabilidad conforme a la legislación vigente.

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