La Policía tiene identificados a los grupos radicales y los vigila con patrullas especiales

Control policial en el centro de la ciudad, en una imagen de archivo.
Control policial en el centro de la ciudad, en una imagen de archivo. / PALOMA UCHA

«La colaboración ciudadana es importante y pedimos conocer la situación con discreción», dice la FAV para acudir a la Junta Local de Seguridad

GLORIA POMARADA GIJÓN.

La agresión sufrida por el joven Germán Fernández en la zona de Fomento la madrugada del pasado viernes día 14 fue la advertencia definitiva que llevó a cuarenta entidades vecinales y sociales de dentro y fuera de Gijón a reflexionar sobre los incidentes violentos que se registran en la ciudad. En un primer encuentro celebrado apenas cuatro días después de la paliza de Marqués de San Esteban, el martes 18, en la Casa Sindical, la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) alertó de la presencia de grupos ultras en las calles vinculados a este tipo de incidentes violentos. En aquel primer encuentro, las entidades participantes acordaron identificar el origen de los problemas y no «focalizar el asunto en Imad A. y Yeray R. -los dos detenidos en aquel momento por la agresión- ya que el problema es más grande y no se consigue nada con el linchamiento». En esa semana, el caso del ataque de Fomento continuó con la detención de dos nuevas personas por su presunta implicación en los hechos, David S. e Iván F., y la posterior puesta en libertad de este último tras retractarse un testigo.

Mientras las investigaciones policiales siguen su curso, la sociedad avanza en su propio análisis de los incidentes vividos. Las cuarenta entidades sociales y vecinales celebraron un segundo consejo abierto este martes en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) con el fin de explorar las líneas abiertas en la primera reunión. Tras más de una hora de debate entre colectivos procedentes de diferentes sectores sociales, como asociaciones vecinales, juveniles, de mujeres o del colectivo LGTBI; la asamblea culminaba con el acuerdo de avanzar en varios frentes. Uno de ellos, la identificación de los grupos radicales y de sus ámbitos de actuación. «Quienes dan estos problemas son personas que están en el grupo ultra de esta ciudad», apuntaron diversas voces en la asamblea.

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La labor de identificación de grupos e individuos violentos es, según señala la Policía Nacional, cuerpo de seguridad competente en la materia, un ámbito «controlado». En la Comisaría de Gijón, apuntan, existe un grupo de tratamiento de información que «tiene controlados a todos los que actúan» a través de un sistema informático de datos. Asimismo, la Policía dice realizar un control y seguimiento de dichos grupos e individuos potencialmente violentos. En cuanto a las zonas de actuación, recuerdan que los puntos no son estáticos y las tareas de control se centran en las zonas donde se suelen repetir incidentes. Por su parte, desde el área de Seguridad Ciudadana destacan la «coordinación existente» entre Policía Local y Nacional. «Para hablar de delitos, la voz es la del Estado. Las medidas desde el ámbito municipal pueden ir por la prevención, otras exceden nuestro ámbito», indica el concejal Esteban Aparicio. «No solo vale que tengan a esos grupos identificados, tienen que actuar. Seguimos sin entender cómo no hubo identificación en el caso de Iñaki Williams en El Molinón», señala por su parte el portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo.

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Precisamente, esta formación -presente en la asamblea junto a PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos- recogió la demanda de las entidades presentando al día siguiente una propuesta de decálogo abordada ayer en la Junta de Portavoces. Uno de los puntos señalados por el documento era la «apertura de líneas que pongan luz sobre los lugares donde se fomenta el odio y la violencia». En el decálogo ayer aceptado por los grupos, la propuesta del colectivo vecinal y social se ratificó bajo la expresión de «profundizar en las investigaciones para averiguar quiénes alimentan este tipo de agresiones y de violencia». «La colaboración ciudadana es importante y pedimos conocer la situación con discreción», expresaba el presidente de la FAV, Adrián Arias.

Invitación a la Junta Local

Una segunda cuestión acordada en la asamblea del martes fue la demanda de inclusión de la FAV en la Junta Local de Seguridad, órgano de coordinación integrado por Delegación del Gobierno, Alcaldía, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local. «La FAV, por su trayectoria, puede ser capaz de trasladar las inquietudes sociales. Hay muchas entidades que consideran que podríamos ser un buen interlocutor», defiende Arias. «Ayudarían a señalar dónde están esos grupos y presionarían para que la Policía actúe en esos focos de conflicto que tiene localizados», valora Suárez del Fueyo.

En todo caso, la presencia en la Junta pasa por la invitación de la presidencia, que recae en el Delegado del Gobierno. En la mano del Ayuntamiento está el trasladarle o no dicha demanda de invitación. «Normalmente se atiende a las súplicas vecinales, veremos si merece la pena proponerlo», explicaba ayer Esteban Aparicio.

Código ético en bares

El control de las zonas y eventos de ocio es otro de los pilares recogidos en el decálogo para combatir los incidentes violentos que han sacudido la ciudad este verano. Junto a la agresión de Fomento, en el último mes se ha registrado una violación en grupo durante la noche de San Xuan y tres agresiones sexistas, dos de ellas en la Semana Negra y otra más en las fiestas de Castiello.

Aunque los grupos municipales insisten en que Gijón «no es una ciudad marcada por la violencia», el acuerdo de la Junta de Portavoces incluye la elaboración de «un código ético de buenas prácticas que incluya un decálogo de cumplimiento inmediato, que se ponga en práctica desde este mes de agosto a suscribir por los bares de copas de la ciudad», así como «medidas sancionadoras frente a los establecimientos que fomenten o apoyen la violencia».

Tanto el decálogo de la Corporación como la asamblea vecinal y social plantean la pedagógica como otra de las líneas de actuación fundamentales. Mediadores «que ayuden a solventar los conflictos por vías pacíficas» y programas de hábitos saludables dirigidos a estudiantes de Secundaria y Bachillerato son opciones a implantar desde Principado y Concejalía de Educación.

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