La Policía de Vigilancia Ambiental denunció medio centenar de vertederos ilegales

Agentes de la Unidad de Vigilancia Ambiental supervisan un vertedero ilegal en el barrio de Perchera-La Braña. / AURELIO FLÓREZ
Agentes de la Unidad de Vigilancia Ambiental supervisan un vertedero ilegal en el barrio de Perchera-La Braña. / AURELIO FLÓREZ

Los ladridos de perros en pisos encabezan las denuncias vecinales por ruidos y superan a las molestias generadas por los locales de ocio

OLAYA SUÁREZ GIJÓN.

La mayoría de conflictos por ruidos en Gijón no vienen generados por la música alta, las obras o las voces de los vecinos. El motivo por el que la ciudadanía llama con más frecuencia a la Policía Local para denunciar molestias en el vecindario se debe, principalmente, al ladrido de los perros. Un extremo que tampoco tendría que extrañar teniendo en cuenta que en la ciudad hay más canes que niños menores de siete años.

Los problemas derivados de los animales de compañía motivaron en 2017 la realización de 58 sonometrías, tal y como consta en la memoria de la Unidad de Vigilancia Ambiental de la Policía Local, un servicio puesto en marcha hace dos años para controlar el cumplimiento de las ordenanzas y leyes en materia de medio ambiente. Detectan vertederos ilegales, quemas, plagas, problemas de ruidos, nubes tóxicas o plantas invasoras, como el actual plan para erradicar el plumero de la pampa, que en los últimos años «ha colonizado» buena parte de las parroquias rurales. Son los ojos en la calle del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

Uno de los caballos de batalla, y en el que invierten gran cantidad de horas de trabajo, es la erradicación de los vertederos ilegales. El año pasado se detectaron 51 basureros en el concejo. La mayor parte se concentran en Perchera-La Braña, Cenero, Tremañes y San Andrés de los Tacones, en las proximidades de naves industriales o empresas sin actividad. Se trata de espacios en los que particulares y empresas de reformas se deshacen de escombros y enseres para ahorrarse, de esta forma, las tasas por depositar el material en los puntos limpios o en Cogersa. Hasta diez sacos, el uso de los puntos limpios es gratuito. A partir de esa cantidad se cobra una pequeña tasa que puede rondar los 60 euros. En cualquier caso, una cifra muy inferior a la cuantía de las sanciones impuesta por infracciones de la ordenanza municipal que oscilan entre los 200, si se trata de la primera multa, a los 800 euros si el sancionado es reincidente.

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«Utilizamos todos los medios humanos y tecnológicos que tenemos a nuestro alcance para identificar a los autores y proceder a sancionarlos», explica el subinspector Lucas, jefe de la unidad en la que trabajan otros doce funcionarios.

En el servicio elaboran expedientes, informes, patrullan por el municipio y detectan cualquier anomalía que perjudique el entorno y la salud de los gijoneses. Además, se ocupan del control de las licencias de obras y de precintos de locales y de vehículos. «La unidad se puso en marcha por la especial preocupación del Gobierno local con los temas de medio ambiente. Se decidió crear un servicio especial para vigilar todo lo relativo a estos asuntos y, por ahora, el balance es muy positivo», explica. El subinspector asegura que «muy poco a poco, y a base de trabajo, la gente se va concienciando».

En 2016 fueron 28 los vertederos ilegales localizados en el municipio. En 2017 prácticamente se dobló esa cifra, no porque hayan proliferado los basureros, sino por un mayor control y vigilancia de todo el área del concejo. Cuando los agentes localizan un vertedero, levantan el acta correspondiente y la envían área de Medio Ambiente del Ayuntamiento y a la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), cuyos operarios se encargan de efectuar las labores de limpieza en los lugares afectados.

«Es una práctica muy complicada de erradicar porque cualquier lugar puede ser susceptible de convertirse en basurero: basta con que paren cinco minutos una furgoneta en una calle y descarguen escombros y muebles. Es un momento», asegura. Por si fuera poco, a esa dificultad «hay que añadir el efecto llamada, la gente deja basura donde ve que ya la hay, por eso es muy importante actuar de forma rápida», apunta.

Emisiones contaminantes

La propia Policía tiene el poder sancionador en materia de vertederos, no así para otros problemas relacionados con el medio ambiente, como pueden ser las emisiones de sustancias contaminantes a la atmósfera. En ese caso, la administración competente es el Principado. La Unidad de Vigilancia Ambiental confeccionó 30 actas por nubes de humo, entre ellas la densa humareda procedente del incendio que el pasado mes de enero asoló la empresa Desguaces Riestra y que fue visible desde todo el concejo.

Además, tramitaron seis informes por malos olores, diez por machas en medios acuáticos o terrestres, dos por plagas (como la oruga procesionaria o la avispa asiatiática), seis por plantas invasoras (como el plumero de la pampa) y seis quemas ilegales, prohibidas en el casco urbano.

Esta unidad especializada de la Policia Local cuenta con una dirección de correo electrónico (vigilanciaambiental@gijon.es) para que los ciudadanos alerten de cualquier prolema ambiental que detecten, incluidos los ruidos que puedan suponer una alteracion del orden y la convivencia.

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