La propiedad de La Torriente reclama el IVA al Grupo después de escriturar la venta

La sociedad deportiva da por cerrada la operación, pero la empresa vendedora pide su nulidad

E. C. GIJÓN.

Puede haber sido un malentendido, eso sí por valor de cerca de 300.000 euros, pero la firma de la compraventa de la finca La Torriente, formalizada ayer ante notario, acabó con una discrepancia que llevó a la entidad vendedora, Peñalisa, S. L., a rechazar el cheque de 1.350.000 euros que entregaba el Grupo como pago. La controversia se debe a la liquidación del IVA, que la parte vendedora cree que debe asumir la compradora, mientras que la directiva grupista aduce que la cantidad pactada de 1.350.000 euros era la cifra final, ya que es la autorizada como pago por la asamblea de socios.

En las transacciones habituales, el IVA lo paga el comprador, pero lo liquida el vendedor. El acuerdo solo prevé un pago de 1.350.000 euros.

«Toma de posesión»

El Grupo hizo pública ayer una nota informativa en su página web en la que tildó de «sorpresiva», «insólita» y «extemporánea» la pretensión de Peñalisa y anunció que «defenderá ante todas las instancias los derechos e intereses del Real Grupo de Cultura Covadonga». También expresó su voluntad de «dejar expresa constancia» de que con fecha de ayer la entidad «toma posesión de la finca adquirida».

Todo apunta a que la reclamación de la vendedora, incluso una vez firmada la escritura, deja pocas posibilidades de cambio, pero la situación aboca a la apertura de un nuevo procedimiento judicial.

De momento, ante el «requerimiento notarial denunciando la nulidad de la compraventa y rechazando el talón bancario entregado» hecho por Peñalisa, según indica el Grupo, los representantes de la sociedad polideportiva han decidido «depositar el talón bancario, rechazado por la vendedora, en la notaría de José Ricardo Serrano», con lo que considera que la operación es irreversible.

Se da la circunstancia de que en el mismo acto ante fedatario público en el que se firmó la escritura de compraventa quedó formalizado el crédito hipotecario por importe de 1.400.000 euros que los socios del Grupo autorizaron suscribir para financiar la inversión. Parece ser que la controversia fue planteada tras la firma de la escritura, pero antes de la firma del crédito, de forma que tanto el representante de la empresa como el de Liberbank tuvieron que consultar a sus directivos. La entidad de crédito siguió adelante con la operación.

La directiva grupista entiende que no puede asumir la petición realizada por Peñalisa, «tanto por contravenir lo pactado, como por vulnerar el mandato concedido por la asamblea general extraordinaria de socios».

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