El PSOE acusa a Foro de urdir con dinero público una «caza de brujas» en la EMA

José María Pérez muestra la sentencia absolutoria. / AURELIO FLÓREZ

Reclama tras la sentencia absolutoria que restituya «el buen nombre» de la exedil Dulce Gallego y los anteriores gestores de la Empresa de Aguas

M. MORO GIJÓN.

«Una caza de brujas de los socios del partido de la Gürtel». El portavoz del grupo municipal socialista, José María Pérez, acusó ayer a Foro de orquestar una persecución política con dinero público «para ensuciar la reputación de quienes dirigimos la ciudad hasta 2011».

Pérez califícó de «indecente» la actitud mantenida por el partido al frente del gobierno local contra la exedil socialista Dulce Gallego y los anteriores gestores de la EMA, que acaban de ser absueltos por falta de indicios de las acusaciones que pesaban contra ellos por contrataciones irregulares a dos empresas.

El jefe de la oposición reclamó a «la alcaldesa Carmen Moriyón y su 'brazo ejecutor', Fernando Couto, que reconozcan el contenido de la sentencia, no presenten ningún recurso y colaboren en la restitución del buen nombre de estas personas, cuya reputación se ha visto dañada por el juego sucio de quienes dirigen la ciudad desde 2011».-

Según destacó el portavoz socialista, la sentencia dictada por el juez Luis Ortiz ha dejado claro «con absoluta nitidez» que la actuación de Dulce Gallego al frente de la EMA se ajustó en todo momento a la legislación. En su opinión, también supone «el primer paso para limpiar el nombre de una persona que durante años puso todo su buen hacer y honradez en la defensa de los derechos de todas y todos los gijoneses».

«La bolsa de la basura»

José María Pérez acusó a Moriyón y Couto- que era el presidente de la EMA cuando se produjo la denuncia de la Fiscalía- de actuar de forma «torticera» para iniciar «una caza de brujas» contra el partido que les precedió en el gobierno local. «Ante la falta de argumentos, decidieron coger la bolsa de la basura y dedicarse a ensuciar la reputación del PSOE para ocultar su incapacidad de gestión». Actitudes a su juicio «poco democráticas» a las que según él habría que añadir el importante reparo de la utilización de un mínimo de 300.000 euros de dinero público (incluyendo los gastos de abogados e indemnizaciones a trabajadores despedidos) para llevar adelante esta persecución política.

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