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E. RODRÍGUEZ
GIJÓN.
Viernes, 25 de agosto 2017, 01:00
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El PSOE ve «imposible» que el servicio de comedor infantil pueda entrar en funcionamiento el próximo 1 de septiembre. Así lo aseguró la edil socialista Marina Pineda, quien calificó como «un nuevo despropósito» en materia de contratación la actuación del equipo de gobierno. Y es que este servicio permanece aún sin adjudicar, a falta de ocho días para que comience el curso en las escuelas infantiles. Cuatro empresas optan al contrato tras ser revisado al alza. La primera licitación del servicio había quedado desierta al no ajustarse el presupuesto al coste real de los alimentos, según explicó el equipo de gobierno, aunque el PSOE alude a «errores en los pliegos iniciales por no cumplir con los mínimos en la contratación».
Señaló que el expediente para poner en marcha este contrato se inició «solo tres meses antes de que comenzase la prestación del servicio, cuando el tiempo mínimo de preparación de un contrato público de estas características es de seis meses, tal y como nos ha explicado reiteradamente la responsable de la contratación municipal».
Según recordó, la junta de gobierno aprobó la licitación el 6 de junio, aunque el 20 de ese mismo mes hubo que volver a realizar este trámite por «los errores detectados» en el pliego inicial. En opinión de los socialistas gijoneses, la nueva licitación, con carácter de urgencia, que se tramitó el 7 de agosto, tampoco se ha realizado de forma adecuada.
«Nos encontramos con la desagradable sorpresa de que se han incumplido prácticamente todos los compromisos adquiridos por el gobierno municipal para mejorar la contratación pública, y aprobados por el Pleno», arremetió la edil. Así, apuntó que en el expediente figura la carta del actual contratista «haciendo referencia a que las cantidades que se fijaban como coste de los trabajadores han reducido». «En la anterior licitación -añadió Pineda-, el coste de un cocinero a jornada completa se estimaba en 2.600 euros; la empresa ofertó 2.400 y ahora, en el pliego, en 2.024. Es cierto que el contrato se podía encarecer por la obligación de usar productos ecológicos, pero la junta de gobierno quiso compensar ese encarecimiento con una reducción de las cantidades destinadas a los trabajadores».
Para el PSOE, es una muestra de que «no se han incluido criterios referidos a mejorar las condiciones de los trabajadores, puesto que se elimina también el plan de formación de los trabajadores. Tampoco se recogen cláusulas sociales, ni la obligación del contratista de cumplir la normativa laboral», apostilló. Y lamentó que «el precio vuelva a ser un factor de peso» en la adjudicación, en «detrimento» de la calidad del servicio. Aunque es un trámite de urgencia, Pineda señaló que «no se va a cumplir el plazo de espera entre la adjudicación definitiva y el inicio del servicio» -de ahí, que vea imposible su puesta en servicio el día 1- y preguntará «por qué este contrato empieza en septiembre y finaliza el 31 de marzo, cuando el curso acaba en junio. No vemos explicación».
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