«No queremos ser funcionarias»

La plataforma de trabajadoras, en la concentración de la plaza Mayor durante el último Pleno. / D. MORA

Las trabajadoras de ayuda a domicilio aseguran que una remunicipalización también beneficiaría los usuarios

IVÁN VILLAR GIJÓN.

«Que quede claro que nosotras no queremos ser funcionarias». Es la primera matización que hacen las portavoces de las trabajadoras de ayuda a domicilio cuando se les pregunta por la demanda de remunicipalización de este servicio, cuestión que lleva meses pendiente del acuerdo de una comisión creada en el seno del Ayuntamiento y que puede resultar clave de cara a la negociación de los presupuestos de 2018. «Se nos acusa de querer entrar al Ayuntamiento por la puerta de atrás, pero no es eso lo que pedimos, sino que se cree una empresa municipal, similar a Emulsa o EMTUSA, que pueda tener un convenio propio», explican.

Entienden que la reciente sentencia en Oviedo sobre el servicio de gestión tributaria avala su pretensión de que, llegado ese caso, exista una subrogación de la plantilla, «y al igual que cuando el servicio se privatizó hace 28 años pasó del Ayuntamiento a las empresas, ahora se haga al revés». Y ponen como ejemplo el paso dado por Jerez de la Frontera, «con alcaldesa socialista», que remunicipalizó el servicio el pasado 1 de enero, asumiendo los contratos de 384 auxiliares de ayuda a domicilio. Casi el doble de las doscientas que prestan esta atención en Gijón a través de los contratos con Eulen y Azvase.

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Pero el gobierno municipal se muestra reacio, amparándose en los informes económicos que cifran en más de tres millones de euros el sobrecoste que supondría para las arcas del Consistorio este cambio de gestión. «La Intervención debería revisar esos datos, teniendo en cuenta si con las cláusulas sociales que se pretende aplicar se equipararían o no los precios y contando también el contrato complementario que han tenido que sacar a concurso, porque había 45.000 horas de servicio sin cubrir que las empresas se negaban a hacer con el dinero del contrato general», replican las trabajadoras. Añaden que habría que descontar además aspectos como el IVA o el margen de beneficio de las empresas que prestan actualmente el servicio. «Por las horas de Navidad el Ayuntamiento les paga más, pero las trabajadoras cobran lo mismo», ponen como ejemplo. Explican además cómo el hecho de gestionar el servicio «como un mero negocio lucrativo», y no en base al análisis objetivo de las auxiliares sobre las necesidades reales de cada usuario, provoca situaciones como que «exista un exceso de horas en muchos domicilios, en detrimento de otros donde se acusa un defecto de tiempo o los que están en lista de espera. Es probable que un reajuste en los horarios hubiera evitado recurrir a un contrato complementario». En definitiva, la gestión municipal facilitaría «reorganizar bien el servicio».

Con respecto a la contratación de las horas complementarias, las trabajadoras advierten de la «confusión y desasosiego» que está causando a muchos usuarios el hecho de recibir en su domicilio a lo largo de la semana no solo a dos auxiliares distintas, sino pertenecientes a dos empresas diferentes. «Es gente mayor que, como es lógico, al verte con una bata distinta te miran con desconfianza en un tiempo en el que hay tanta gente que les intenta estafar». Apuntan que una situación así no se daría con una empresa municipal a cargo del servicios, que además podría asegurar nuevas ampliaciones del servicio. «No pueden poner un cupo y decir que a futuros usuarios no se les va a atender».

Más prestaciones

Por otra parte, añaden, se garantizaría ofrecer «todo el catálogo de prestaciones, algo que ahora no se está haciendo». Ponen como ejemplo que pese a que en los contratos en vigor existe un precio específico para el acompañamiento nocturno, «los usuarios no lo saben y no se está dando». Gestionar directamente «el dinero que ahora se va para las empresas» permitiría igualmente «ampliar el catálogo de prestaciones e incluso incrementar los medios técnicos para la atención de estas personas».

Suman a ello que «no parece lo más deseable que estas personas, con bajas pensiones, deban compartir su precariedad con la de las trabajadoras». Hablan de un mínimo de la plantilla con jornada completa, sueldos de 976 euros brutos sin antigüedad, enfermedades laborales reconocidas ni pluses por peligrosidad -«estamos sometidas a posibles contagios biológicos»- y de tan solo cinco minutos de descanso «que no sirven para tomarte un desayuno y que muchas prefieren ir arañando para sumar horas». Mientras no logren la mejora de sus condiciones, llevarán su batalla cada mes al Pleno municipal. Y aunque el Ayuntamiento siga sin pronunciarse sobre la remunicipalización, «no vamos a tirar la toalla».

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