El rechazo a la municipalización se basa en razones legales, laborales y de coste

Marcelino Laruelo, de la Oficina del Anciano, reclama en el Pleno una empresa pública de ayuda a domicilio, mientras las trabajadoras muestran carteles a favor de esa municipalización. / PALOMA UCHA
Marcelino Laruelo, de la Oficina del Anciano, reclama en el Pleno una empresa pública de ayuda a domicilio, mientras las trabajadoras muestran carteles a favor de esa municipalización. / PALOMA UCHA

Los informes descartan la gestión de la ayuda a domicilio tanto de forma directa como a través de una empresa pública

IVÁN VILLAR GIJÓN.

Los informes de los diferentes servicios municipales, e incluso del Ayuntamiento de Oviedo, utilizados como parte del debate sobre la posible municipalización de la ayuda a domicilio en Gijón aluden a razones legales, económicas y de índole laboral para desaconsejar ese cambio de gestión del servicio, actualmente contratado a dos empresas, Eulen y Azvase, con casi doscientas auxiliares a cargo de la atención de los usuarios. Los técnicos no ven viable la fórmula usada en otros ayuntamientos, ni la alternativa de asumir el servicio a través de una empresa municipal.

Ley de Presupuestos del Estado

Prohibido asumir personal desde empresas contratistas

La Ley de Presupuestos del Estado, aprobada en junio, establece en sus disposiciones adicionales que las administraciones públicas no pueden incorporar como empleados públicos «a los trabajadores de los contratistas de obras o servicios (...) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento». Esta cuestión se pone de relieve tanto en el último informe del director general de Servicios, del 31 de octubre, como en el emitido en septiembre por el secretario general del Ayuntamiento de Oviedo en relación a la imposibilidad de asumir al personal de la Sociedad Ovetense de Festejos, documento que el gobierno gijonés incluyó en sus consultas.

Integración en el organigrama

Las auxiliares no tendrían asegurada su continuidad

Una de las premisas que, según sus defensores, debería cumplir la municipalización de la ayuda a domicilio, es mantener el mismo personal. Los informes, no obstante, advierten de que en caso de que estas trabajadoras se incorporaran a la plantilla municipal, no podrían hacerlo con carácter fijo. «Sobre la administración pesa el deber de garantizar el acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, y ello le impone actuar con diligencia para convocar los procesos de contratación correspondientes». Aunque esta convocatoria se pospusiera en el tiempo, nada impediría que tarde o temprano se llevara a cabo, bien a instancias del gobierno actual o el que le siga. El Ayuntamiento, de hecho, tiene entre sus planes sacar a oferta pública todos los puestos actualmente cubiertos por personal indefinido no fijo, lo que complicaría hacer una excepción con estas trabajadoras si fueran una parte más de la plantilla.

Condiciones del convenio

El antecedente de las educadoras infantiles

Entre las propuestas de los promotores de la municipalización para minimizar su coste se incluye que las trabajadoras mantengan las condiciones de su actual convenio. Una de las apreciaciones que se hace en los informes es que en casos como este las administraciones públicas no están obligadas a asumir los convenios colectivos, dado que no participaron en su negociación. En cualquier caso, desde el momento de su integración en la estructura municipal las trabajadoras pasarían a estar representadas por las organizaciones sindicales que formen parte de la mesa general de negociación y en ningún caso el Ayuntamiento podría cerrar con ellas, ni a título individual ni colectivo, acuerdos que incluyan una renuncia tácita o expresa a futuras mejoras de sus condiciones salariales o laborales. Se pone como ejemplo lo ocurrido con las educadoras infantiles, cuya integración en el convenio general por sentencia supuso un incremento del 40% «solo en términos retributivos».

Ley de Estabilidad Presupuestaria

El coste podría elevarse hasta los siete millones de euros

En su último informe, del 10 de noviembre, el director económico-financiero se ratifica en los cálculos realizados en mayo sobre los costes salariales y sociales que tendría la incorporación de las trabajadoras. Dependiendo de si la subrogación se hiciera con sus retribuciones actuales, las contempladas para los trabajadores de los planes de empleo o las recogidas en el convenio general del Ayuntamiento, y teniendo en cuenta además el pago de trienios y festivos y la necesidad de crear una nueva estructura para su gestión -incorporar a doscientas trabajadoras supondría un incremento del 20% de la plantilla municipal- el coste del servicio sería, respectivamente, de 4,5, 5,1 o 7,1 millones de euros, frente a los aproximadamente 3,7 millones actuales. La interventora municipal señala que este sobrecoste sería «incompatible con el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera». Llega a la misma conclusión en el caso de que la asunción del servicio se hiciera a través de una empresa municipal y no de forma directa desde el Ayuntamiento.

Recurrir a una empresa municipal

El ejemplo de Jerez no puede replicarse en Gijón

Los juristas del Ayuntamiento descartan replicar en Gijón el modelo de Jerez de la Frontera, donde la ayuda a domicilio acaba de ser asumida por una empresa municipal preexistente. Lo hacen por una cuestión de concepto, al entender que esta «no es una actividad económica en la que el ayuntamiento pueda concurrir con el sector privado», sino un servicio público que el Ayuntamiento presta dentro de sus competencias. En este sentido, para crear una empresa que se hiciera cargo del mismo «debe acreditarse que es una forma más sostenible y eficiente que la gestión directa», lo que no se considera que ocurra. Incorporar a las trabajadoras en Emulsa, como plantea Xixón Sí Puede, «no parece muy apropiado» por el objeto de la empresa, al margen de que supondría «un incremento importante de los costes del personal», superior al que estima en su «contrainforme» la formación morada. Debe tenerse en cuenta además que «a corto o medio plazo el sueldo de estas trabajadoras debería equiparase al del resto de empleados». Si se optara por una empresa de nueva creación, habría que sumar el coste de un gerente, un secretario de dirección, un responsable de la unidad económica y dos administrativos, así como «los gastos de oficina, suministros, limpieza y mantenimiento, entre otros».

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