Reconoce haber empadronado a tres extranjeros en su casa por dinero

Un argelino y un etíope se encargaban de captar a saharauis, y un español los cobijaba en su casa a cambio de dinero para que lograran la residencia

G. P. GIJÓN.

Los tres procesados por captar a marroquíes de origen saharaui para después empadronarlos en Gijón a cambio de pagos monetarios se sentaron ayer en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 2 de la ciudad.

Los hechos se remontan a octubre de 2016, cuando dos de los acusados, uno de ellos nacido en Etiopía y con permiso de residencia en España, y el otro, procedente de Argelia y también con permiso de residencia, buscaron a ciudadanos marroquíes que no dispusieran de tarjeta de residencia con el objetivo de proponerles el empadronamiento en la ciudad. La operación, según hace constar el Ministerio Fiscal en su escrito, se habría producido tras efectuar los inmigrantes un desembolso monetario. La Fiscalía apuntaba que fueron cinco las personas que cayeron en manos de la trama. El círculo se cerraba con un ciudadano español que conocía el mecanismo de captación y que prestaba su vivienda para empadronar a los extranjeros a cambio de dinero.

En el momento de los hechos, los afectados ya se encontraban en España y consiguieron que les fuera otorgada la tarjeta de residencia con el certificado de empadronamiento en la vivienda en cuestión, a pesar de que nunca residieron bajo el techo del español procesado.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contemplado en el artículo 318 bis.2 del Código Penal. Por ello pedía para cada uno de los tres acusados nueve meses de multa a razón de ocho euros diarios, hasta un total de 2.160 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

El acusado español, de iniciales I. F. G, reconoció ayer haber asentado en su domicilio a tres de los cinco sujetos que la Fiscalía le imputaba y resultó condenado al abono de unos 540 euros en concepto de multa, tal y como establece el acuerdo de conformidad alcanzado. Su defensa propuso sin embargo que la pena se sustituya por trabajos en beneficio de la comunidad por carecer de ingresos y antecedentes penales. La Fiscalía informó favorablemente sobre la propuesta, por lo que la decisión final queda en manos del juez.

Para los otros dos acusados, de origen argelino y etíope, el Ministerio Fiscal mantiene la petición de sendas multas. El juicio, celebrado a puerta cerrada, quedaba ayer visto para sentencia.

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